Los distintos medios de comunicación recogen y presentan las primeras palabras que el presidente de la República dijese al momento de ser juramentado ante la Asamblea Nacional Constituyente este jueves 24 de mayo de 2018. En materia económica, dentro de lo que definió como sus seis lineamientos, aseguró que “haremos de nuevo el sistema de produccción, comercialización, distribución y fijación de los precios de todos los productos del Plan 50. Implementaremos más controles, haremos de nuevo el sistema económico”.
Indicó asimismo que el Clap, como se denomina el programa oficial de alimentos racionados que se compran a precios subsidiados, “llegaron para quedarse”, por lo que continuará en su gobierno
En este sentido, una labor de análisis del impacto de las políticas públicas y un análisis económico del derecho que valore la existencia de diseños y alternativas que alineen incentivos privados y públicos, y que resulte en un marco institucional que promueva la eficiencia y la efectividad de las normas, sin dejar a un lado objetivos de equidad; contribuiría y complementaría todo esfuerzo por regresar al país a una senda de crecimiento, eficiencia, progreso y democracia.
Siendo que el Gobierno puede exponerse a dificultades en su comportamiento como un estado benevolente y en el diseño de políticas públicas con propósitos normativos, explicado por problemas de captura y beneficio propio en el ejercicio y en el diseño de controles y regulaciones, pasando por desconocimiento de la materia regulatoria y económica en general, así como por falta de contrapesos y compromisos robustos y creíbles que terminan sesgando las políticas públicas hacia unas de corto plazo, miopes, expoliadoras e incluso lesivas de la eficiencia dinámica -lo que condena al país a una situación de dilema del prisionero- es de esperarse que no sea el Gobierno quien promueva un espacio de esta naturaleza que serviría de advertencia a la sociedad sobre el mal diseño y los costos de las políticas regulatorias y de los controles implementados en el país.
Pero el resto de actores sociales y económicos resultan los principales stakeholders de las políticas públicas y regulatorias instrumentalizadas por el Gobierno, especialmente los hogares y las empresas.
En este sentido, dentro de este universo de dolientes finales de las malas políticas públicas y regulatorias, podría desplegarse el esfuerzo para erigir un espacio de análisis de políticas públicas y del impacto regulatorio con el propósito de advertir futuros costos indeseados de un mal diseño regulatorio y de control, o incluso para proponer alternativas socialmente más eficientes.
Venezuela, país que destaca en los índices y ránkings sobre falta de libertad económica, y por su enorme nivel de intrusión regulatoria y de controles por parte del gobierno, con un alarmante pésimo desempeño económico, ha terminado exigiéndole a empresas y a los gremios empresariales que desplieguen enormes esfuerzos y recursos en analizar, lidiar y proponer alternativas ante tal escenario regulatorio y marco institucional. En nuestro país suele existir para ciertas empresas y sectores económicos una hipertrofia en los departamentos de relaciones gubernamentales, de asuntos legales y regulatorios, y de análisis de políticas públicas.
Siendo que muchos de los controles y las regulaciones resultan transversales sobre muchos sectores económicos, o cuando menos sobre todo un sector y no exclusivamente sobre una sola empresa, y que demandan de recursos técnicos y especializados para analizar caso por caso, sector por sector, etc.; existirían economías de escala y bajísimos costos de reproducción de propuestas de alternativas a lo largo de los sectores económicos. Un espacio, un departamento conjunto, think tank, ONGs, u observatorio que haga seguimiento, análisis y propuestas sobre las amenazas y las oportunidades en materia de políticas públicas y regulatorias implicaría un ahorro enorme de recursos porque evitaría duplicidad de costos y esfuerzo, porque los costos de reproducción del conocimiento por más que exista la necesidad de adaptación al caso o al sector específico resultan menores que hacerlo individual y separadamente, porque existen enormes economías de aprendizaje cuando se concentra este tipo de labor, etc.
Una vez que el Ejecutivo Nacional ha asomado mayores controles y regulaciones, así como la profundización del sistema de subsidios como el CLAP, este espacio de análisis del impacto regulatorio podría iniciar líneas de investigación que le de luces a todos los venezolanos (al gobierno, a la oposición, a los hogares, a los gremios empresariales, a los asociacionismos de consumidores, etc.) respecto a temas tan relevantes como los siguientes (volviendo a lo último dicho en materia económica por el presidente de la República):
1.- Definir, analizar y comprender cómo operan los distintos tipos de políticas de acceso a bienes y servicios que pudieran compatibilizar objetivos de eficiencia y equidad.
2.- Contrastar políticas de subsidios versus las de subsidios cruzados.
3.- Valorar si tal tipo de políticas vía tarifaria podrían resultar potencialmente eficientes en sectores industriales o exclusivamente en servicios públicos de red.
4.- Analizar la sostenibilidad de una política de subsidios cruzados, cuan distorsionante resulta en el consumo y su ineficiente funcionamiento como política de redistribución de ingresos más que de acceso a los bienes y servicios.
5- Valorar cómo la política de racionamiento vía CLAP resulta destructivo de eficiencia económica y el bienestar social, especialmente comparado con alternativas más basadas en mercado.
6.- Valorar la caducidad o los efectos distorsionantes de la política de control de precios en Venezuela.
7.- Estimar el impacto inflacionario de los controles de precios sobre el precio que vacía el mercado en aquellos paralelos e informales.
8.- Analizar y determinar si la definición de margen bruto utilizado de hecho por la Sundde genera falsos positivos y desincentiva a la oferta de bienes y servicios.
9.- Valorar si la fórmula de rentabilidad definida en la Ley Orgánica de Precios Justos y en sus Providencias Administrativas lesiona a la eficiencia económica y a los incentivos que tendrían las empresas para ser más eficientes en costos y a incrementar la escala operativa; lesionando la oferta y el abastecimiento.
10.- Análisis y definición de las funciones regulatorias en materia económicas por parte del Estado.
11.- Restitución plena y el fortalecimiento de la protección al consumidor y su naturaleza regulatoria.
12.- Analizar alternativas de privatización de empresas en manos del Estado.
13.- Analizar mecanismos de procura y licencia para la explotación de sectores económicos así como empresas en manos públicas, etc.
En materia microeconómica y de políticas públicas y regulatorias muchas son las advertencias sobre políticas ineficientes vigentes y respecto a la existencia de propuestas y alternativas en favor del Bienestar Social y el buen funcionamiento de los sectores económicos y sus mercados. Sea con la intención de elevar el costo político de una mala política de control y regulación, sea para concientizar a la población sobre los efectos perniciosos de un modelo económico y de sus políticas microeconómicas y regulatorias o sea para proponer alternativas de políticas públicas de mejor diseño y potencial resultado; se requiere la información, el análisis, su resultado y su divulgación.
Si queremos mejorar el desempeño de la economía venezolana, un mejor comportamiento de los distintos sectores económicos, -condicionados fuertemente por el marco institucional- mejorar las funciones y resultados de las acciones públicas y mejorar la calidad de vida del venezolano, un espacio y una labor de análisis microeconómico de las políticas públicas, de los controles y de las regulaciones, resulta imperativo y complementario al resto de esfuerzos y labores en favor de un país próspero y de bienestar.
* Economista UCV. Master in Competition and Market Regulation, BarcelonaGSE, Universidad Pompeu Fabra, Universidad Autónoma de Barcelona. Master en Economía Industrial, Universidad Carlos III de Madrid.
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