Conservar el control de Citgo para el Estado venezolano no será una tarea fácil y aunque no se han producido respuestas oficiales de los representantes de los tenedores del bono Pdvsa 2020, ni del fideicomisario, ha trascendido que estos se han tomado muy mal la demanda de nulidad que la administración del presidente de la Asamblea Nacional y mandatario interino reconocido por 50 países, Juan Guaidó, introdujo ante un tribunal de Nueva York.
Según una nota de Argus Media, un ejecutivo financiero cercano a los grupos de tenedores calificó la iniciativa legal de «escandalosa» y, de acuerdo con analistas financieros consultadas por Banca y Negocios, los fondos afectados, entre los cuales destacan Ashmore, Blackrock, Fidelity y T. Rowe Price, están preparando una dura contraofensiva legal y, aparte de ello, un ejercicio de lobby en el Congreso estadounidense por considerar que se han afectado intereses financieros legítimos de inversionistas internacionales.
El procurador especial designado por Guaidó, José Ignacio Hernández, emitió un comunicado donde señala que el caso se le entregó al escritorio jurídico Paul Hastings, LLC., uno de los bufetes especializados en derecho corporativo y financiero más importantes de Estados Unidos, y que la demanda de nulidad se justifica en la violación específica del Artículo 150 de la Constitución venezolana que obliga a que todos los contratos de interés público, incluyendo la emisión de deuda, sean previamente aprobados por la Asamblea Nacional.
Según la óptica del representante legal de la República designado por Guaidó, el hecho de que Venezuela haya pagado «bajo protesto» la cuota de 72 millones de dólares por el vencimiento del Pdvsa 2020 en mayo no afecta el argumento básico para la solicitud de nulidad; sin embargo, el caso luce complicado y equivale a que el gobierno interino «quemó las naves» en un juicio que no solo tiene una gran relevancia económica y financiera para una eventual transición democrática, sino que representa un costo político potencial muy elevado para la operación política contra Maduro.
Una de las fuentes financieras consultadas dijo que se está comprometiendo a inversionistas en la disputa política de Venezuela y eso podría ser penalizado por el sistema jurídico de Estados Unidos. Analistas coinciden en que el caso del gobierno «interino» de Venezuela tiene «fragilidades», porque no está claro que los inversionistas hayan actuado de manera dolosa al aceptar el canje de los bonos Pdvsa 2017 por los Pdvsa 2020, propuesto por el gobierno de Maduro.
Como se apuntó en una nota anterior, los tenedores de bonos Pdvsa 2020 habían entendido que la expedición de una orden ejecutiva que congela las transacciones con estos títulos hasta enero, por parte de la administración de Donald Trump, era una señal para que continuaran las negociaciones para buscar una salida negociada al pago del pasivo.
Sin embargo, el comunicado del procurador Hernández reitera el argumento de que, en este caso concreto, las negociaciones con los tenedores no llegaron a un resultado satisfactorio, por lo que el gobierno interino utiliza el derecho que se reservó en los lineamientos de renegociación de la deuda externa, de someter a litigio cualquier demanda que considere «dudosa».
En opinión del representante legal de Guaidó la emisión del bono Pdvsa 2020 es «fraudulenta» desde su inicio y la posición de la administración del presidente del Parlamento es que los inversionistas debían ser conscientes de las circunstancias ilegales de la operación cuando entraron.
Analistas estadounidenses sostienen que cerrar la vía de la negociación en este caso puede afectar otros procesos de reestructuración que serán inevitables en el futuro, en el supuesto de que Guaidó o una administración que asuma los lineamientos de renegociación de pasivos presentados en julio, tome el control efectivo del país, todavía en manos del gobierno de Nicolás Maduro, que reconoce los derechos de los tenedores de manera implícita y explícita.
– El chavismo a la expectativa –
Por lo pronto, el chavismo guarda silencio sobre este juicio de nulidad del bono Pdvsa 2020, aunque sostiene que Citgo le fue arrebatada ilegal e ilegítimamente al Estado venezolano por Guaidó en colusión con el gobierno de Estados Unidos, por lo que deja claramente sentado que, si la empresa es enajenada para cubrir la garantía que el gobierno de Maduro ofreció a los tenedores, será la consumación de «un robo», dirigido por el líder parlamentario, y reitera que habrá consecuencias legales.
Hay que recordar que la posición del gobierno chavista ha sido vender Citgo, por considerar que se trata de un activo no medular para su proyecto petrolero, que representaba altos costos para el país y no generaba dividendos adecuados.
De hecho, el ex ministro de petróleo y ex presidente de Pdvsa, Rafael Ramírez -ahora abierto opositor desde el exilio al gobierno de Nicolás Maduro- ha dicho que se esperaba obtener un precio de alrededor de 15.000 millones de dólares por la empresa refinadora estadounidense, y ahora se puede perder por una deuda de 3.367 millones de dólares, emitida a una tasa muy elevada de 8,50% que, sin embargo, no fue suficiente para convencer a los inversionistas.
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