Los gobiernos de Argentina, España, Estados Unidos y Perú anunciaron el domingo que desconocerán los resultados de la votación en Venezuela para elegir una Asamblea Nacional Constituyente, promovida por el presidente socialista Nicolás Maduro y que regentará sobre el resto de los poderes públicos.
Los gobiernos del presidente peruano Pedro Pablo Kuczynski y del argentino Mauricio Macri han sido críticos del accionar de Maduro y se han referido en duros términos a la actuación de las fuerzas de seguridad en las protestas opositoras en medio de las cuales han muerto al menos 122 personas desde abril.
“Esta elección viola normas de la Constitución venezolana y contraviene la voluntad soberana del pueblo, representado en la Asamblea Nacional”, señaló la cancillería peruana en un comunicado. “También vulnera el principio de universalidad del sufragio y profundiza la fractura de la nación venezolana, rompiendo el orden democrático en ese país”, agregó.
El Ministerio de Relaciones Exterior de Perú exhortó a Caracas a garantizar la instalación de un auténtico diálogo nacional que permita restaurar el orden democrático.
Por su parte, la cancillería argentina sostuvo que “lamenta que el Gobierno venezolano, desoyendo los llamados de la comunidad internacional (…) haya proseguido con la elección a una asamblea constituyente que no cumple con los requisitos impuestos por la Constitución de ese país”.
“La elección de hoy no respeta la voluntad de más de siete millones de ciudadanos venezolanos que se pronunciaron en contra de su realización”, destacó en un comunicado, que sostiene que Argentina no reconocerá los resultados de esa “elección ilegal”.
La embajadora de Estados Unidos en Naciones Unidas, Nikki Haley, sostuvo que su país no aceptará un “gobierno ilegítimo”, en la primera reacción oficial de Washington a la elección.
“La farsa de elección de Maduro es un nuevo paso hacia una dictadura”, sostuvo Haley en un mensaje en Twitter.
Brasil fue otro de los países que condenó el acto y los hechos de violencia que se produjeron en el país petrolero, que dejaron al menos siete fallecidos en la jornada eleccionaria.
“El Gobierno brasileño manifiesta su grave preocupación por la escalada de violencia (…) y repudia la violenta represión de las fuerzas del Estado y de grupos paramilitares como la que se produjo en el día de hoy”, sostuvo el Gobierno del mandatario Michel Temer.
Colombia y Panamá también habían expresado su rechazo a la elección de la asamblea constituyente.
España se suma
El Gobierno español ha anunciado que no reconocerá en Venezuela «una Asamblea Constituyente que no sea resultado de un amplio consenso nacional, elegida conforme a reglas democráticas de sufragio universal libre, igual, directo y secreto».
Así lo ha indicado esta noche el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación en una nota remitida a Efe por la Oficina de Información Diplomática en la que añade que por ese motivo España «no podrá reconocer ni dar validez a los actos jurídicos emanados de esta Asamblea Constituyente».
«España -refiere la nota- lamenta que el Gobierno de Venezuela haya decidido seguir adelante con un proceso constituyente que no es aceptado por la mayoría de los venezolanos y que conculca principios democráticos esenciales».
Añade que «el Gobierno español condena los actos de violencia y represión que han provocado numerosos muertos en las últimas horas, que se suman a los más de 100 venezolanos fallecidos en protestas generadas por el deterioro de la situación política y económica y a favor de la democracia en Venezuela».
A juicio del Ejecutivo español, «la Asamblea resultante de la votación de hoy no representa la voluntad mayoritaria de los venezolanos, no tiene atribuidas conforme a la Constitución facultades legislativas que corresponden a la Asamblea Nacional y no es la solución a los graves problemas de confrontación política y crisis humanitaria que asolan al país».
España, continúa la nota de la OID, «insta una vez más al Gobierno venezolano a que inicie un proceso sincero de negociación con las instituciones democráticas legítimas y constitucionales de Venezuela como la Asamblea Nacional, y que permita un amplio acuerdo que respete el marco constitucional y garantice la separación de poderes, los derechos humanos y la democracia».
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