El Gobierno de Venezuela instalará en las próximas horas una controvertida asamblea constituyente, que reescribirá la carta magna, a pesar del masivo rechazo en el país y la condena de gobiernos de América y Europa.
A través de una elección con una participación que según la autoridad electoral superó el 41 por ciento del padrón, pero para la oposición no fue mayor al 12 por ciento, quedó formada la Asamblea Nacional Constituyente, que entrará en funciones esta semana.
El presidente Nicolás Maduro ha dicho que su iniciativa quiere pacificar el país, inmerso desde abril en una ola de protestas que ha dejado más de 100 muertos, pero la oposición considera que sólo busca perpetuarse en el poder al dilatar las elecciones, incluidas las presidenciales de finales de 2018.
La oposición protesta en las calles desde principios de abril, y ayer domingo la dirigencia pidió a sus partidarios seguir al pie del cañón como medida de presión contra la iniciativa del mandatario.
A mediados de julio, los adversarios de Maduro, junto a la sociedad civil, organizaron una consulta popular no vinculante en el que 7,5 millones de venezolanos rechazaron la Asamblea Nacional Constituyente, según cifras de la oposición.
“Nosotros somos hoy la nueva mayoría y nos corresponde dirigir este país y sacarlo del hueco en que lo han metido”, dijo Capriles, gobernador del estado Miranda, pidiéndole a Maduro, una vez más, que dé marcha atrás.
Venezuela atraviesa la peor crisis de su historia reciente, con una inflación de tres dígitos, recesión económica y escasez de alimentos y medicinas, un panorama que analistas creen empeorará con la instalación de la constituyente.
“La situación de hoy demuestra que no hay una salida institucional para esta crisis”, opinó Patricio Zamorano, politólogo experto en Latinoamérica. “No hay una forma en que se pueda terminar con el Gobierno de Maduro el día de mañana”.
Más presión internacional
Diosdado Cabello, quien se perfila como el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, advirtió de que, una vez instalado, el cuerpo de 545 asambleístas reemplazará a la fiscal general -ahora crítica del Gobierno- y tomará el edificio de la AN, donde tiene mayoría la oposición.
Además, Maduro adelantó que uno de los objetivos de la constituyente es crear una “comisión de la verdad” para dar con los responsables de la violencia que ya se ha cobrado la vida de al menos 124 personas, algo que la oposición ve como una “cacería de brujas” que incrementará los “presos políticos”.
“Los terroristas dijeron que no llegaríamos a la constituyente y aquí estamos”, dijo Maduro el domingo por la noche festejando los pocos más de 8 millones de votos que obtuvieron sus candidatos, según cifras oficiales cuestionadas por la oposición. “¡El pueblo unido jamás será vencido!”
Pero la celebración del mandatario podría verse opacada por la creciente presión de la comunidad internacional.
Al menos 11 países americanos y España han dicho que no aceptarán los resultados de la elección y el Gobierno de Perú convocó una reunión urgente de ministros de Exteriores para la próxima semana en Lima.
La administración de Donald Trump fue más allá al amenazar con sanciones económicas al país, algo que podría afectar su principal fuente de ingresos en medio de millonarios pagos de compromisos internacionales.
Pero aunque la aplicación de sanciones pondría en mayores aprietos económicos a Maduro, “el tiro bien podría salir por la culata”.
“Enviar la economía venezolana al colapso tendría numerosas consecuencias (pero) lejos de provocar un colapso o una implosión del régimen, las sanciones drásticas radicalizarían más probablemente al régimen para aferrarse al poder por cualquier medio necesario”, dijo Cynthia Arnson, directora del Programa Latinoamericano del Wilson Center, en Washington.
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