Trabajadores estatales en Venezuela recibieron llamadas telefónicas, presión de sus jefes y amenazas de despido para asegurarse de que voten el domingo para elegir a los miembros de una polémica Asamblea Constituyente, que promueve el presidente Nicolás Maduro.
El mandatario socialista avanza con el plan de crear el poderoso organismo pese a cuatro meses de protestas en la rica nación petrolera, que sufre de escasez de alimentos y medicinas, una inflación galopante y fuerte delincuencia.
Maduro dice que la Asamblea Constituyente de 545 asientos, con poder para disolver los poderes públicos, superará la “insurrección armada” para traer paz a Venezuela, mientras que sus adversarios afirman que busca cimentar una dictadura.
Con sondeos que muestran un rechazo del 70 por ciento a la Asamblea, el Gobierno quiere evitar una participación vergonzosamente baja en los comicios boicoteados por la oposición.
La presión sobre los empleados públicos es mayor que nunca, según entrevistas con trabajadores de dos docenas de instituciones que van desde la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) al Metro de Caracas, así como mensajes de texto, comunicados internos y videos vistos por Reuters.
“Cualquier director, superintendente y el supervisor que trata de bloquear la Asamblea Constituyente, que no vota o sus colaboradores no vota, debe dejar su puesto de trabajo el lunes”, dijo el vicepresidente de PDVSA Nelson Ferrer, durante una reunión con los trabajadores esta semana, según un resumen que circula dentro de la empresa y visto por Reuters.
En un video de un mitin político en PDVSA, un representante de una empresa no identificada y vestido con camiseta roja gritaba por un micrófono que los empleados que no voten serán despedidos.
“Nosotros no estamos jugando”, exclamó.
Los trabajadores detallan las presiones: mensajes de texto cada 30 minutos, llamadas telefónicas, reuniones políticas obligatorias durante el trabajo, pedido que cada trabajador reclute a otros 10 para votar u órdenes de informar a una “sala situacional” tras sufragar.
Es difícil estimar cuántos de los 2,8 millones de trabajadores estatales votarán, pero buena parte de los entrevistados dijeron que una mayoría significativa probablemente lo hará, ya sea por lealtad o por temor.
Algunos venezolanos también dijeron que agentes del Partido Socialista habían amenazado con dejar de distribuir bolsas de alimentos subvencionadas a quienes no voten.
“He visto un río de gente llorando por la impotencia de no saber qué hacer. Hay mucho miedo”, dijo un empleado de PDVSA, quien pidió permanecer en el anonimato para evitar represalias.
El Ministerio de Información de Venezuela no respondió a una solicitud de comentario. PDVSA tampoco respondió sobre los alegatos de Ferrer o presiones más amplias.
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