Cuba comenzará “de manera gradual” a cobrar impuestos en 2018 sobre la posesión y uso de las tierras agrícolas, dentro de las modificaciones que aplica al programa estatal de entrega de terrenos ociosos para el cultivo y ganadería, informaron hoy autoridades del Ministerio de Agricultura (Minag).
Los tributos se aplicarán según la extensión y las características de los terrenos, sobre los que se abonarán entre 120 pesos cubanos (unos 5 dólares) y 30 pesos (1,5 dólares) por hectárea, según la categoría productiva, explicó a la prensa el director de Suelos y Control de la Tierra del Minag, Eddy Soca.
También se cobrarán impuestos sobre la ociosidad de las tierras agrícolas y forestales, agregó el directivo.
De acuerdo a la Ley 113 del Sistema Tributario, son tierras ociosas las que no están en producción agrícola, pecuaria o forestal -con excepción de las que se encuentran en descanso por rotación de cultivos-, las cubiertas de maleza y las “deficientemente aprovechadas” según la “legislación especial al respecto”.
En este caso los tributos son mayores: de 180 pesos a 45 pesos (de 7,5 a 1,87 dólares) por hectárea de tierra ociosa.
En Cuba existen hoy 151.000 usufructuarios en 1,2 millones de hectáreas entregadas por el Estado cubano, que puso en marcha el programa en 2008 para reanimar la agricultura, hasta ese entonces casi exclusivamente en manos del Gobierno.
A 11 años del inicio del proyecto ya más del 70 % de las tierras cultivables de la isla están en manos de productores no estatales, entre usufructuarios y campesinos propietarios.
Esto ha influido significativamente en el incremento de la producción de cultivos como el arroz, el maíz, el fríjol y las frutas, donde más del 90 % de la producción recae en el sector no estatal y en el que se registra un crecimiento anual entre el 6 % y el 8 %, señaló Soca.
El directivo explicó que aún restan por entregar unas 500.000 hectáreas de tierras destinadas a la agricultura y la ganadería, aunque advirtió que muchos son áreas poco “atractivas” por estar lejos de poblaciones y plagadas de vegetación invasiva.
Entre las modificaciones al programa destaca la decisión de extender de 10 a 20 años el periodo de posesión de las tierras entregadas a personas naturales, quienes ahora -como nuevo requisito- las deberán trabajar y administrar de forma directa.
En el caso de las personas jurídicas el tiempo será indefinido -antes era por 25 años-, siempre que “cumplan con las condiciones pactadas”.
También se incrementó la cantidad de tierra entregada, de 13,42 a 26,84 hectáreas, para las personas naturales que la solicitan por primera vez para uso agropecuario y forestal.
De igual forma los beneficiarios de las tierras podrán “vincularse o integrarse a empresas (estatales) agropecuarias, azucareras o forestales”.
La isla dedica unos 2.000 millones de dólares al año a la importación del 80 % de los víveres que consume y, según datos del Minag, el 60 % de esos alimentos que se compran en el exterior podría producirse en el país.
Otro de los males del sector es la pérdida de un alto porcentaje de las cosechas en el momento de la recolección debido a la falta de infraestructura, transporte y envases.
El embargo que EE.UU. mantiene sobre la isla también causa graves daños a la agricultura cubana, que sufrió pérdidas en 2016 de más de 260 millones de dólares a causa del “bloqueo”, informó hoy el Minag, que reconoce como “serios” los daños aún no cuantificados del reciente huracán Irma al sector.
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