El mes próximo se espera que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos decida si intentará reemplazar el proceso regulatorio de la Ley Dodd-Frank de 2010 para resolver la situación de los megabancos quebrados por un mecanismo exclusivamente basado en las cortes. Este cambio sería un error de proporciones que podrían llegar a calificar como crisis.
Efectivamente, crear un proceso de quiebra más simplificado puede reducir el nivel de decibeles de la quiebra de un banco, y los jueces de quiebra son expertos en tareas importantes de reestructuración. Pero existen factores críticos que no se pueden ignorar. Reestructurar un megabanco requiere de una planificación previa, familiaridad con las fortalezas y debilidades del banco, conocimiento de cómo programar la quiebra de manera apropiada en una economía volátil y la capacidad para coordinar con reguladores extranjeros.
Los tribunales no pueden llevar a cabo estas tareas por sí solos, especialmente en el tiempo que se ha asignado a la propuesta en consideración -un fin de semana de 48 horas-. Incapaces de planificar con anticipación, los tribunales entrarían en un proceso de reestructuración sin estar familiarizados con el banco. Es más, las cortes no pueden manejar el tipo de crisis a nivel de toda la economía que surgiría si múltiples megabancos se hundieran al mismo tiempo. Y no pueden coordinar con reguladores extranjeros.
En resumen, completar una reestructuración apropiada requeriría de aportes de los reguladores, inclusive planificación previa, consejo y coordinación. Sin embargo, lejos de aceptar estas contribuciones, el plan, en gran medida, dejaría a los reguladores fuera del proceso.
Por ejemplo, el plan prohibiría a los reguladores iniciar la quiebra de un megabanco, dejándolo a discreción de los propios gerentes del banco. En el sector no financiero, las compañías en dificultades muchas veces esperan demasiado tiempo antes de declarar la quiebra, para que los acreedores puedan intervenir, ejercer cierta presión e, inclusive, llegar a forzar la quiebra de una empresa. Si bien los reguladores bancarios tienen herramientas para presionar a los bancos de manera similar, la más efectiva es el poder para iniciar una quiebra cuando es mejor para la economía.
Si se elimina esta herramienta podrían producirse consecuencias muy adversas. Los ejecutivos bancarios, como los ejecutivos de empresas industriales en problemas, tienen motivos para “rezar y demorar”, con la esperanza de que algún acontecimiento nuevo los salve. Pero si un megabanco en dificultades se queda sin efectivo durante esta demora, el riesgo de que su quiebra sea desordenada -como la de Lehman Brothers en 2008- aumenta, al igual que el potencial de que cause estragos en la economía real.
El hecho simple es que los reguladores del gobierno pueden hacer cosas que las cortes no. Las cortes carecen del personal y la experiencia como para desarrollar un plan de recuperación a nivel nacional. Es más, no pueden prestarle a un banco inestable carente de efectivo hasta que pueda valerse por sí mismo. El gobierno puede hacerlo -y puede asegurarse de que el banco pague los préstamos (obteniendo una buena garantía) o de que el sector financiero en general se haga cargo del pago (como autorizó y exigió Dodd-Frank).
Cuando las cortes presiden las quiebras no financieras, dependen de los prestadores privados para ofrecer liquidez de emergencia. Pero, en una crisis financiera, los bancos debilitados no pueden prestar, lo que significa que el gobierno debe oficiar de prestador de último recurso. Y, para desempeñar bien ese papel, el gobierno debe estar profundamente involucrado en el proceso de quiebra, de manera de intervenir si resultara necesario.
La propuesta actual, que ya fue aprobada por la Cámara de Representantes de Estados Unidos, tiene otros defectos importantes. Por empezar, los megabancos norteamericanos operan en todo el mundo, por lo general con una presencia significativa en Londres y otros centros financieros. Si los acreedores y depositantes de una filial extranjera de un megabanco norteamericano quebrado retiran el dinero que tenían allí, o si un regulador extranjero cierra esa filial, el banco estadounidense estaría en una posición insostenible. Sin embargo, las cortes no pueden negociar entendimientos con reguladores extranjeros. Los reguladores norteamericanos pueden hacerlo, pero sólo si pueden controlar el momento de la quiebra y, de lo contrario, participar en el proceso.
Sin duda, el proyecto de ley de quiebras que hoy está en juego es útil. Pero no es robusto. No permitiría quiebras de amplio espectro y gran escala, en las que las operaciones que experimentan dificultades se cierran bajo la tutela de la corte, las operaciones viables se venden y las deudas se reestructuran en todo el balance de una compañía. Más bien, la propuesta actual avizora una reestructuración de fin de semana de escala limitada, lo que requiere implementar una estructura de préstamos precisa con muchos años de anticipación. El banco se cerraría en la noche del viernes, aliviado de deudas que se evaporan en el fin de semana, y se reabriría el lunes por la mañana, sin necesidad (en el mejor escenario) de un rescate gubernamental.
Si resulta exitoso, este tipo de proceso de quiebra acelerado sería valioso. Pero nunca se lo ha puesto en práctica. Para tener alguna posibilidad de reabrir el lunes por la mañana, los miles de millones de dólares en deuda de largo plazo del banco en quiebra ya tendrían que estar estructurados de manera tal que un tribunal de quiebras pueda eliminarla durante el fin de semana.
Pero los jueces de quiebra no tendrían ningún conocimiento previo de la deuda de un banco, y necesitarían más que un fin de semana para determinar si la deuda podría ser eliminada de manera apropiada. Los reguladores del gobierno, por otro lado, podrían hacerlo con antelación. Y, aun así, según la propuesta actual, su manera oficial de hacerlo sería rápidamente invalidada.
La quiebra, si funciona, es una buena manera para que una compañía en dificultades se reestructure o se achique. Pero si un megabanco en dificultades no puede abrir las puertas el lunes por la mañana, el sistema financiero necesitaría un respaldo. Según la propuesta actual, la falta de una red de seguridad regulatoria podría resultar, si la reestructuración del fin de semana fracasa, en un sálvese quien pueda caótico y global, como el que se produjo luego de la quiebra de Lehman Brothers en 2008.
Mantener la estabilidad financiera en una crisis es algo demasiado importante como para que depositemos nuestras esperanzas en un canal de quiebra estrecho. Las cortes pueden ayudar, especialmente después de haber desarrollado un proceso de rutina para reestructurar bancos, como lo han hecho con las reestructuraciones de las aerolíneas. Pero deberíamos ser cautos a la hora de depender de que las cortes hagan cosas que nunca antes les pidieron hacer.
La Cámara ya votó, precipitadamente, para reemplazar el sistema regulatorio de reestructuración con una disposición judicial más débil. Esperemos que prevalezcan cabezas más sensatas en el Departamento del Tesoro.
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