En Venezuela las ansias y la captura del poder a través de un modelo y de ofertas populistas han dado el resultado esperado: destrucción de la economía, del bienestar de los ciudadanos y especialmente el colapso y la destrucción de los servicios públicos.
Desde hace algunos años ha resultado notable el deterioro en la provisión y la calidad de los servicios públicos -tanto en manos públicas como privadas- producto de un modelo de control populista altamente miope que condenó cualquier sostenibilidad de los operadores y la calidad del servicio prestado.
Ante el colapso del servicio eléctrico en el Estado Zulia, Omar Prieto Fernández, gobernador de ese estado, expresó que se sancionará a los comercios que no hagan uso de plantas eléctricas. Según decreto nacional, los centros comerciales y restaurantes deberán activar sus generadores de energía a partir de la 1:00 pm y hasta las 4:00 pm con el fin de “ayudar el pico de consumo de las dos de la tarde y bajar el consumo de electricidad”, afirmaría el gobernador según el sitio web Banca y Negocios el lunes 30 de abril de 2018.
Más que una respuesta a la crisis en el sector eléctrico, la imposición de autogeneración sobre grandes demandantes ha constituido parte fundamental e ideológica de la política pública hacia el sector. Insistimos que no constituye ni ha constituido una respuesta sino parte de la política y del modelo de sector de servicios públicos de red concebido por el Ejecutivo Nacional así como parte del problema que enfrentamos actualmente ante el colapso generalizado de este tipo de servicios al atentar, tal política de imposición, contra la sostenibilidad económica-financiera del operador de los servicios.
Imponer la autogeneración, como es el caso en el sector eléctrico, implica pedirle a los grandes demandantes, siempre mejor dotados patrimonial y monetariamente, que creen su sistema privado de generación. La miopía anterior hace que los demandantes de bajo volumen, los hogares por excelencia, queden dependiendo y expuestos a un sistema y a una red nacional que resulta ineficiente, insuficiente y en proceso de colapso.
En este sentido, al menos respecto a la garantía de conexión y servicio, tal política termina siendo regresiva. Por otro lado, tema trascendental respecto a la sostenibilidad de los servicios públicos de red así como en favor de objetivos de equidad, casualmente son los grandes demandantes los que viabilizan las inversiones, la expansión de capacidad, los costos de operación y mantenimiento de sectores de servicios caracterizados por ingesta de costos fijos, estructuras de costos subaditivas, economías de alcance y de demanda -especialmente en países en vías de desarrolló donde existen enormes cargas fiscales dado el gasto público y un enorme costo de oportunidad de los fondos públicos-.
La autogeneración está destruyendo los beneficios sociales de las economías de escala, y de lo que ahora está de moda el Cost Sharing Game entre demandantes; implicando duplicación de acometidas, y en consecuencia destrucción de excedente de este tipo de demandantes de alta densidad o volumen que en otras circunstancias y modelo de gestión de los servicios públicos de red, pudieran facilitar subsidios cruzados vía tarifas, de fácil instrumentación y sostenibilidad -dado el costo e ineficiencia de las alternativas tecnológicas- en favor justamente de los consumidores de bajo poder de pago. Lo anterior significa que existen alternativas de modelo que compatibilizan eficiencia y equidad.
Tal política corto placista de cuasiprivatizar imponiendo autogeneración es tan absurda que justamente en el mundo académico, de practitioners, y de sectores públicos de red el tema relevante es cómo incorporar a los demandantes de menores ingresos, una vez que los grandes demandantes de mayores ingresos, urbanos de alto nivel de ingresos, industriales, comerciales, etc., están conectados a la red y no el absurdo de cómo sacar a los grandes demandantes de la red pública.
El populismo, el oportunismo, la improvisación, la miopía en las políticas públicas nos está matando.
* Economista UCV. Master in Competition and Market Regulation, BarcelonaGSE, Universidad Pompeu Fabra, Universidad Autónoma de Barcelona. Master en Economía Industrial, Universidad Carlos III de Madrid. Master en Economía y Derecho del Consumo, UCLM. Postgraduate Diploma in Economics for Competition Law, Kings College London, University of London.
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