Un alto diplomático venezolano expulsado de Estados Unidos la semana pasada continúa en ese país, pese a que se le ordenó irse en 48 horas.
Jarlet Sánchez, un diplomático de carrera que se desempeñaba como vicecónsul general de Venezuela en Houston, fue declarado persona non grata el 23 de mayo en represalia por la decisión del presidente Nicolás Maduro de expulsar al encargado de negocios Todd Robinson tras las elecciones venezolanas.
Pero un funcionario estadounidense y otro individuo familiarizados con el caso señalaron a la agencia AP que Sánchez aún no ha salido de Estados Unidos. Las dos personas hablaron bajo condición de anonimato por no estar autorizadas a declarar sobre el tema públicamente.
Los diplomáticos extranjeros en Estados Unidos que no acatan las órdenes de irse pueden ser expulsados por la fuerza, según una añeja opinión legal del Departamento de Justicia.
Pero AP supo que Sánchez espera quedarse permanentemente en Estados Unidos al una “green card” (solicitud de residencia) bajo una cláusula poco conocida de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, que le permite a las personas que ingresan al país como diplomáticos, solicitar una modificación en su estatus migratorio y, si se les concede, obtener la residencia permanente.
La cláusula fue creada durante la Guerra Fría, y algunos diplomáticos de países de Europa del Este que no querían regresar se acogieron a ella. Sánchez colgó cuando un periodista de la AP intentó hablar con él a un número celular en Houston.
Los expertos dijeron que la situación de Sánchez parece ser un caso atípico que cae en un área poco definida de la ley, lo que podría explicar la incertidumbre en torno a su estatus actual en Estados Unidos. Aunque el gobierno venezolano le ha retirado su estatus diplomático, la Ley sólo requiere que los individuos hayan ingresado a territorio estadounidense como diplomáticos, incluso si sus visas especiales han expirado.
Pero en los requisitos también se afirma que, para poder tener derecho al beneficio de la residencia, los individuos deben contar con “razones convincentes” de por qué no pueden regresar a su país de origen, no representar un riesgo a la seguridad y el bienestar de Estados Unidos, y que el permitirles su estadía beneficia al país. El hecho de que Sánchez haya sido declarado indeseable y se le ordenara irse deja entrever que le podría ser difícil esgrimir ese argumento.
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