Países latinoamericanos evalúan implementar un estatuto de protección temporal para los migrantes de Venezuela, que será discutido en una cita regional en Quito en noviembre, dijo el miércoles el enviado especial de la ONU sobre el éxodo venezolano, Eduardo Stein.
“Lo que están buscando los gobiernos de los países receptores es una categoría de protección temporal para los migrantes venezolanos, en la que tengan la protección de sus derechos humanos garantizados, pero a la vez tengan la posibilidad de trabajar y acceder a los servicios de salud”, explicó Stein a AFP.
Stein dijo que el tema será debatido en la nueva cita regional para tratar el flujo migratorio de venezolanos que huyen de la crisis económica en su país, que se realizará el 22 y 23 de noviembre en Quito.
Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Chile, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay asistieron a la reunión de septiembre en la capital ecuatoriana, que terminó con un llamado al presidente venezolano Nicolás Maduro para que acepte ayuda humanitaria.
Stein, designado en septiembre por la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) como representante especial para el éxodo venezolano en América Latina, participó en un foro sobre la respuesta regional a esta crisis, organizado por el centro de análisis Diálogo Interamericano en Washington.
“Nunca, nunca, habíamos visto en nuestro hemisferio un fenómeno de estas dimensiones”, dijo, destacando la solidaridad de los países vecinos y confiando en que la próxima reunión en Quito genere “mejores acuerdos operativos entre los países receptores”.
Según la ONU, más de 2,4 millones de personas han abandonado Venezuela desde 2014 y un 90% de ellos se han quedado en países de la región.
– Como el TPS de EEUU –
Betilde Muñoz, co-coordinadora del Grupo de Trabajo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) sobre la crisis migratoria venezolana, también sugirió la posibilidad de instaurar un estatuto de protección temporal como el estadounidense TPS.
El TPS, creado en Estados Unidos para acoger a extranjeros afectados por conflictos armados o desastres naturales en sus países, otorga permiso de residencia y trabajo por dos años, con posibilidad de renovación.
“Es una discusión muy política, pero esperamos iniciarla en la OEA”, dijo Muñoz, subrayando sin embargo la necesidad de respetar la soberanía de cada país en materia migratoria.
Muñoz descartó una disminución del flujo de venezolanos en el corto plazo, lo que aumenta la necesidad de tomar medidas que permitan integrar a los migrantes a las comunidades que los reciben.
“Estimamos que al final de 2018 probablemente 3 millones de venezolanos habrán emigrado”, dijo.
Andrew Selee, presidente del Migration Policy Institute, un grupo de expertos con sede en Washington, se manifestó a favor de regularizar de alguna manera a estos migrantes, al considerar “improbable” que regresen pronto a su país.
“Por eso no es una buena idea tenerlos viviendo cerca de la frontera en campos de refugiados”, dijo. “Darles estatuto legal e integrarlos al mundo laboral parece mejor respuesta”, opinó.
Lloyd Axworthy, presidente del Consejo Mundial de Refugiados, un grupo apoyado por el gobierno de Canadá, fue terminante al respecto: “Los campos de refugiados no funcionan”.
“Terminan siendo una fuente de continua frustración”, aseguró. “Poner un millón de refugiados en un campamento es buscarse problemas”.
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