La Defesoría del Pueblo inició una investigación sobre el fallecimiento del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo, quien se encontraba detenido en la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim) por su presunta vinculación en el intento de magnicidio contra el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, denunciado la semana pasada por el Gobierno Nacional.
Mediante un comunicado, la Defensoría del Pueblo exhortó «a los órganos de seguridad del Estado a optimizar todos sus esfuerzos con el fin de prevenir la violencia y garantizar la vida, la salud y la integridad física, psíquica y moral de todas las personas, especialmente quienes se encuentran privadas de libertad o bajo su custodia».
Más temprano, el Ministerio Público informó que que fueron imputados el teniente (GNB) Ascanio Antonio Tarascio y el sargento segundo (GNB) Estiben José Zarate, ambos funcionarios adscritos a la Dgcim, por su presunta vinculación el hecho registrado el pasado sábado.
Ambos ciudadanos, fueron acusados por el delito de homicidio preterintencional, por causal previsto y sancionado en el artículo 410 del Código Penal.
Debido a las investigaciones, el Tribunal 36° en Funciones de Control del Área Metropolitana de Caracas acordó medida judicial privativa preventiva de libertad contra los ciudadanos, cuyo sitio de reclusión será la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar.
A continuación, el texto íntegro:
La Defensoría del Pueblo de la República Bolivariana de Venezuela informa a la colectividad nacional que, el día sábado 29 de junio de 2019, se inició una investigación de oficio tras conocer el fallecimiento del ciudadano Rafael Ramón Acosta Arévalo, detenido en la Dirección de Contrainteligencia Militar, hecho ocurrido la madrugada del mismo día del presente año.
La Defensoría del Pueblo, como ente vigilante de los derechos humanos en Venezuela, hace un llamado a los órganos de seguridad del Estado a optimizar todos sus esfuerzos con el fin de prevenir la violencia y garantizar la vida, la salud y la integridad física, psíquica y moral de todas las personas, especialmente quienes se encuentran privadas de libertad o bajo su custodia.
Asímismo, la Defensoría del Pueblo exhorta a los entes del sistema de justicia a garantizar el debido proceso, el cual se debe aplicar en todas las actuaciones judiciales y administrativas, a los fines de dar cumplimiento a la efectiva protección del Estado y el respeto a los derechos humanos, con el objeto de lograr una justicia expedita, sin dilaciones indebidas.
Igualmente, esta Institución Nacional de DDHH tiene conocimiento que el Ministerio Público, con la preeminencia del caso, ha iniciado las investigaciones pertinentes y ha solicitado la detención preventiva de dos funcionarios adscritos al Dgcim, lo cual fue acordado por el Tribunal de Control, mientras se realizan las experticias necesarias para determinar las causas del deceso y las responsabilidades a que hay lugar.
Por último, la Defensoría del Pueblo expresa sus palabras de condolencias a familiares y allegados al ciudadano Rafael Ramón Acosta Arévalo, y reitera su compromiso de continuar haciendo seguimiento con relación a este caso, así como la situación de todas las personas privadas de libertad.
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