El ministro de Comunicación del gobierno de Nicolás Maduro, Jorge Rodríguez, anunció la «desactivación» de un plan terrorista que pretendía atacar con explosivos de alto poder diversos objetivos en Caracas, entre ellos el Palacio de Justicia y la sede del FAES en la zona de Cotiza.
El funcionario anunció la detención del presunto terrorista colombiano Luis Gómez Peñaranda, quien está «colaborando» con las autoridades de inteligencia y denunció al mayor general retirado Cliver Alcalá como jefe de una «organización terrorista paramilitar» que se organizó en Colombia, concretamente en Maicao, desde donde -señaló- se habrían trasladado los explosivos al país.
Rodríguez, siguiendo la pauta de este tipo de comparecencias, mostró capturas de pantalla del teléfono de Gómez para mostrar al grupo de presuntos terroristas. No se tuvo noticia sobre si la Fiscalía General de la República o algún tribunal a cargo autorizó la divulgación pública de estas piezas de supuesta evidencia.
«Señores diputados de la oposición Nicolás Maduro les salvó la vida, porque si hubieran explotado los cuatro kilos de C4 que iba a detonar Gómez Peñaranda no hubiera quedado nada de la AN ni de la sede de Pajaritos”, dijo el titular de Información de la administración chavista.
«Ya di las coordenadas, Iván Duque. ¿Oíste?», manifestó Rodríguez con sorna, al tiempo que hizo un llamado a la Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, a fijar posición sobre estos supuestos atentados terrotistas, y en pro de la paz en Venezuela.
Manifestó que Venezuela tiene el grave problema de tener una frontera común con un país «profundamente penetrado» por el narcotráfico y paramilitarismo.
«El jefe militar era el asesino de Cliver Alcalá Cordones», dijo Rodríguez. Y aseveró que está convencido de la que la administración de Iván Duque «no hará nada» para investigar esta presunta trama terrotista.
El funcionario hizo un llamado al gobierno neogranadino a desmontar los supuestos campamentos terroristas, armados para atacar objetivos en Venezuela, que estarían ubicados en Riohacha, Santa Marta y Maicao.
Esta denuncia se produce justamente cuando el gobierno de Colombia, apoyado por el de Estados Unidos, denuncia a la administración venezolana de supuestamente apoyar activamente al grupo disidente de las FARC que retomó las armas y a las fuerzas del Ejército de Liberación Nacional, que se convirtió en el mayor grupo irregular del vecino país, luego del proceso de paz.
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