Operó con el racionamiento de la gasolina y ahora Miranda se convertirá en laboratorio de ensayo para ver cómo funciona la adaptación del «pico y placa» con cédula para la adquisición de alimentos, ya que esta misma medida puede ser implantada en otros municipios y estados donde parezca que el Covid-19 se expande más libremente.
La decisión del gobernador de Miranda, Héctor Rodríguez, fue previamente consultada con el gobierno nacional y básicamente tiene el foco puesto en el municipio Sucre, Petare, donde ha crecido el número de casos y se teme un incremento exponencial.
Según el reporte del 28 de julio, el Distrito Capital y el estado Miranda suman 3.706 contagios, el 22,4% de los casos totales a escala nacional, que ascendieron 16.571.
Sin embargo, fuentes médicas indican que fácilmente el número de casos en la zona capital puede llegar a representar cerca de 40% del total en pocas semanas, debido a la velocidad de contagio propia del coronavirus y el nivel de expansión geográfica que muestra la epidemia en localidades con alta densidad poblacional.
Fuentes políticas oficialistas del estado Miranda indicaron a Banca y Negocios que el decreto estará acompañado de una movilización organizada de los cuerpos policiales para hacerlo cumplir. Hay censos por municipio de los comercios habilitados, los cuales tendrán, durante el horario autorizado para operar, presencia de fuerzas de seguridad locales, regionales y nacionales, según el caso.
De hecho, la movilización policial se ha intensificado en el estado, a tal punto que los comerciantes se quejan de un acoso constante para obligarlos a bajar las santamarías.
Igualmente, habrá operativos especiales para vigilar la movilización en las calles. Una de las fuentes consultadas advirtió que hay que recordar que existe un estado de alarma nacional, y la medida del gobernador Rodríguez se enmarca en la situación de excepcionalidad constitucional vigente.
– «Nos están quebrando» –
Luego de conocerse el decreto del gobierno mirandino que establece el día de compra de productos esenciales por terminal de cédula de identidad, Banca y Negocios conversó con comerciantes asentados en la jurisdicción regional, directamente impactados por la medida.
Al principio, cuando la Gaceta Regional circuló en cuentas de WhatsApp no se le dio crédito, pero una vez que se oficializó la decisión cundió la desazón.
Carlos Da Silva, propietario de un abasto en el casco de Chacao, dijo claramente que «nos están quebrando». Indicó que en el último mes tuvo que despedir a dos empleados de cuatro que componían su pequeña nómina, porque ya no tiene cómo pagar los salarios. El criterio para la decisión fue, básicamente, el lugar de residencia.
«Viven muy lejos y no podían venir a trabajar. Al final, terminó siendo una decisión amistosa. A ellos tampoco les resultaba negocio venir hasta acá. Pagaban pasajes dolarizados, cuando conseguían camioneticas». Los empleados que quedan residen en el municipio.
Sentado en su cafetería reconvertida en venta de productos alimenticios, Alberto Santos aseguró que no aguanta un mes más de cuarentena. «Estamos vendiendo casi 90% menos de que necesitamos facturar para mantener esto», aseveró.
Sobre el decreto del gobernador mirandino sostiene que es innecesario aplicarlo en todos los municipios. «Es una medida exagerada. Aquí los comerciantes toman precauciones, no permiten gente sin tapabocas, tienen desinfectante en las puertas. Las violaciones no son generalizadas». A su juicio, esta disposición del «día de compra por terminal de cédula» es necesaria en Petare, Catia, Coche… «esas parroquias grandes donde la gente nunca respetó la cuarentena».
Los mercados a cielo abierto están prohibidos o muy restringidos en los municipios metropolitanos de Miranda, pero esa no es la realidad en toda la geografía regional, lo que supone que se incrementará la persecución contra ese comercio tan necesario en las condiciones críticas que padecen los consumidores.
– Letalidad en la economía –
Los comerciantes consultados en Chacao, una de las zonas con relativamente mayor poder adquisitivo en el eje capitalino, estiman, con base en su experiencia y conocimiento, que más de 50% de los pequeños comercios cerrados no volverán a abrir. Sin capital, sin personal, sin acceso a ninguna ayuda crediticia, con un consumo en barrena, las expectativas son malas.
La actitud del gobierno es enfrentar la pandemia a cualquier costo. Las medidas que se están tomando parecen evidenciar que los recursos para combatir una muy temida expansión exponencial del virus son muy limitados, por lo que la flexibilización para que la economía respire es cada vez más limitada y podría terminar por desaparecer.
Los comerciantes formales se defienden de varias maneras. Una es el delivery de cercanía, que podría intensificarse como mecanismo, a través de grupos de WhatsApp. Otra es la atención por citas, siguiendo el modelo de las peluquerías. Los clientes piden por teléfono o alguna red social, se cuadra una hora y se busca el pedido.
Estos son mecanismos de supervivencia, fundamentalmente. Lo de la atención por citas se viene aplicando en negocios no autorizados para seguir vendiendo. Un halo de clandestinidad toca a varias actividades económicas como las ventas de repuestos, electrodomésticos, reparaciones y hasta centros de copiado.
Los efectos económicos del coronavirus son devastadores a escala internacional. Este 28 de julio, España reportó la pérdida de 1 millón de empleos en el segundo trimestre. Estados Unidos enfrenta una recesión pavorosa y la pobreza en Brasil podría retroceder a niveles no vistos en más de 15 años. ¿Qué puede esperar Venezuela?
En Miranda queda la incertidumbre sobre con qué intensidad se aplicará el polémico decreto del gobernador Rodríguez. «Hay zonas que no pueden controlar. En los barrios, donde se están viendo muchos casos, es difícil cerrar una bodega. Aquí quien pierde es el comerciante que tiene un local, unos equipos, que respeta normas y paga impuestos. Habrá más comercio informal, negocios en WhatsApp, gente vendiendo alimentos sin control», proyecta Da Silva mientras baja su santamaría.
El economista Asdrúbal Oliveros, director de Ecoanalítica, asomó en su cuenta de Twitter la perspectiva de los consumidores sometidos a este nuevo control, al señalar que la gente que vive al día, en una economía hiperinflacionaria, compra cuando tiene el dinero, precisamente como único mecanismo para defenderse; por lo tanto, tener que esperar el día que toque según el terminal de la cédula puede afectar la capacidad de consumo.
Esta situación viene siendo advertida por especialistas en estudiar los comportamientos de los consumidores, quienes señalan que las compras programadas por ciclos semanales o quincenales desaparecieron, porque ahora el ingreso de las personas tiende a ser más informal y la adquisición de bienes -los alimentos y medicamentos absorben más de 50% del consumo total- dependen fundamentalmente de la disponibilidad de fondos.
El comerciante Da Silva expone el punto con claridad: «mucha gente no puede pagar dos kilos de tomate o de cebollas; entonces, se lleva una o dos unidades que necesita. La mayoría de la gente que compra viene todos los días o cada dos días. No pueden hacer más, compran lo puntual».
Fuente: https://ift.tt/2CXmbEA
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