Costear la educación en un colegio privado en Venezuela se hace cada más difícil en medio del contexto hiperinflacionario que afecta a la mayoría ciudadanos. Pero las dificultades se han agudizado sobre todo durante el confinamiento que se ha impuesto para frenar la pandemia de Covid-19, situación que ha dejado a muchas familias sin ingresos, sin empleo e incluso sin ahorros debido a la paralización de gran parte de la actividad económica del país.
La Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (Encovi) reveló en su último informe que la participación de la educación privada ha caído considerablemente debido a la pérdida de poder adquisitivo en los hogares. En concreto, durante el período 2019-2020, la distribución de la población escolarizada entre 3 y 24 años se ubicó en un 85% en instituciones públicas frente a un 15% en colegios privados.
Pero este descenso notable en la participación de la educación privada no solo se siente en las familias: también en los centros educativos.
La modalidad de educación a distancia a la que ha tenido que recurrirse debido al necesario distanciamiento social para combatir el virus, ha obligado a las instituciones privadas a hacer cuantiosas inversiones en equipos electrónicos y optimización de sus servicios de telecomunicaciones, con el fin de garantizar la infraestructura necesaria para cumplir con las asignaciones contempladas en el calendario académico, aun en el país que cuenta con uno de los servicios de internet más deficientes del mundo.
-Más gastos operativos-
Fausto Romeo, presidente de la Asociación Nacional de Instituciones Educativas Privadas (Andiep), explicó a Banca y Negocios que desde el pasado mes de marzo, cuando inició la cuarentena en el país, las instituciones privadas han estado invirtiendo grandes cantidades de dinero en el proyecto educativo y en gastos operativos.
«Desde que llegó la educación a distancia estamos haciendo grandes inversiones y estamos teniendo más gastos operativos que en cualquier otro momento. Conozco colegios que salieron a comprar laptops, smartphones, y que están incluso costeando la conectividad de los profesores, además de transporte particular para que estos puedan movilizarse a los colegios de forma más segura sin tener que usar el transporte público», señaló Romeo.
El representante de Andiep detalló que desde inicios del año 2019 las instituciones privadas resolvieron que la medida más ideal para mantener la estabilidad de la educación privada era fijar las cuotas de escolaridad en dólares, teniendo en cuenta que la inflación en el país obligaba a hacer ajustes casi mensuales pues le restaba valor a los sueldos prácticamente a diario.
«Nosotros no aumentamos, ajustamos la cuota de escolaridad de acuerdo con la realidad», aseguró.
El también coordinador de la Comisión de Educación de Consecomercio explicó que el 70% del presupuesto de funcionamiento de cualquier institución educativa se destina al pago de sueldos, bonificaciones, prestaciones sociales y demás incidencias laborales, mientras que el 30% comprende los gastos operativos del centro educativo.
-Reestructuración de presupuestos-
Romeo señaló que dado que algunos gastos de infraestructura han disminuido por la ausencia de alumnos en los centros educativos, estos han estado reestructurando sus presupuestos de funcionamiento para poder invertir en las medidas de bioseguridad necesarias para evitar contagios.
«Si actualmente no estamos consumiendo muchos tóner, por ejemplo, entonces reconducimos esa partida presupuestaria para adquirir implementos como los termómetros digitales, mascarillas, productos de limpieza y desinfección, etc.», explicó. No obstante, la adquisición de esos equipos requiere una inversión que, en consecuencia, se traslada a las cuotas que deben cancelar los padres y representantes.
De acuerdo con la Comisión de Finanzas y Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional, para el mes de junio, cubrir una mensualidad escolar requería por lo menos de 5 salarios mínimos.
Recientemente, algunos representantes han manifestado su inconformidad con relación a los ajustes en el costo de las inscripciones debido a que, como consecuencia de la pandemia, son muchos los que no están recibiendo ingresos continuamente y se ven imposibilitados de pagar.
Solo en uno de los colegios más económicos ubicado en una zona popular del estado Miranda, los padres deberán abonar por concepto de matrícula y el pago correspondiente al mes de septiembre 5 millones de bolívares, equivalente a 12,5 salarios mínimos.
Esta situación ha resultado en denuncias hechas por padres y representantes a la Superintendencia Nacional de los Derechos Socioeconómicos (Sundde), organismo que ha actuado en consecuencia y días atrás anunció la inspección de 86 colegios privados de todo el país con el fin de revisar y evaluar su estructura de costos y gastos y así «garantizar precios justos».
-«La esencia es el proyecto educativo»-
Sobre esta medida, el presidente de Andiep manifestó que cada colegio tiene una realidad diferente y lo que incide en su estructura de costos es el proyecto educativo, que es la esencia de cada institución. Además, sostuvo que el Ministerio de Educación, de acuerdo con la ley, es el único ente que puede regular los costos mediante acuerdo con las autoridades de la institución.
«Cada proyecto educativo tiene un presupuesto de funcionamiento. Si el proyecto educativo de un colegio es bilingüe, la institución debe pagar sueldos mucho mayores a profesores capacitados para dar las clases de cada materia en castellano e inglés, por ejemplo, y de allí sale la estructura de costos», detalló Romeo.
El educador resaltó además que ninguna institución educativa privada paga salario mínimo a sus maestros. «El colegio más económico está pagando 25 dólares mensuales y, aun así, es un monto irrisorio para la realidad del país. En el mejor de los casos, un profesor puede cobrar hasta US$ 7 por hora», explicó.
Destacó que, a su juicio, la cuota de escolaridad mínima que debe cobrar un centro educativo debe ser no menor a 12 dólares mensuales para poder garantizar medianamente su operatividad, cumplir con los sueldos y el pago de los servicios básicos como agua, electricidad, aseo urbano e internet.
Romeo manifestó que existen colegios que tras ser fiscalizados e imponerles una estructura de costos sin basamento alguno, han tenido que cerrar sus puertas, y aseguró que la instituciones que no han fijado sus cuotas en dólares, actualmente enfrentan grandes dificultades para cumplir con sus obligaciones.
El representante de Andiep hizo énfasis en la necesidad de que los centros educativos sean comprensivos con los padres y representantes, sobre todo en el actual contexto. Consideró que el incumplimiento que puedan tener estos con los pagos no se trata de descuido o irresponsabilidad, sino de una verdadera incapacidad ante la falta de ingresos pues muchos no están devengando, independientemente de su profesión.
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