El presidente argentino, Alberto Fernández, derogó este viernes el decreto que dispuso la intervención por 60 días de la empresa Vicentin, una de las principales agroexportadoras del país, que había firmado en junio con el fin de declararla como bien de utilidad pública para su expropiación.
Fernández explicó su decisión en el hecho de que el juez interviniente en el concurso de acreedores que atraviesa Vicentin «no ha permitido hasta aquí que el Estado pudiera conocer cuál es el pasivo real de la compañía» y por ello no está dispuesto a tomar riesgos por la nacionalización de sus pasivos.
El magistrado «ha impedido también el acceso de la intervención a su gestión y, lo que es peor aún, ha mantenido en sus funciones a los mismos directores que, ante la pasividad del tribunal, siguen sin entregar el balance y memoria del ejercicio 2019», señaló el mandatario en su cuenta de la red social Twitter.
El presidente argentino subrayó que la intervención «era fundamental antes de declarar a Vicentin S.A.I.C. como un bien de utilidad pública, para conocer su verdadero estado patrimonial».
«En estas condiciones, no estamos dispuestos a adoptar riesgos que podrían traer como consecuencia la estatización de deuda privada para que los argentinos y las argentinas deban hacerse cargo del irresponsable proceder de los actuales administradores», declaró Fernández, quien resolvió que el Estado «no va a comprometer recursos públicos mientras el actual directorio permanezca en la empresa».
– Fernández pide recuperar créditos otorgados –
Fernández aseguró hoy que su intención era rescatar a Vicentin, preservar los activos, mantener las fuentes de trabajo y colaborar con los productores agrícolas a los que la empresa le suspendió los pagos a fines de 2019.
Pese a la derogación del decreto de intervención, el presidente aseveró que su «obligación es que se investiguen las maniobras que provocaron el estado de falencia en el que la empresa ha caído».
«He dado instrucciones a todos los organismos públicos involucrados para que realicen las acciones civiles, comerciales y penales que permitan la recuperación de los créditos reclamados en el concurso preventivo, dirimir responsabilidades y preservar los intereses del Estado», indicó.
– Un proyecto resistido y cuestionado –
Vicentin, una de las mayores procesadoras y exportadoras de granos y derivados de Argentina y fundada en Avellaneda (Santa Fe) en 1929, entró en cese de pagos el 4 de diciembre de 2019 y el 10 de febrero pasado solicitó el concurso preventivo de acreedores en medio de una situación que la empresa describió como de «estrés financiero».
Según el Gobierno argentino, las deudas de la empresa ascienden a unos 1.400 millones de dólares, repartidas en 2.000 acreedores.
La intervención de Vicentin y el proyecto de expropiación que el Ejecutivo planeaba enviar al Congreso para su aprobación fue rechazado por varios sectores productivos y desencadenó protestas contra el Gobierno en varias ciudades del país.
La iniciativa oficialista preveía la expropiación de la empresa y que sus activos conformaran un fondo fiduciario administrado por YPF Agro, la división de negocios agropecuarios de YPF, la mayor productora de hidrocarburos del país y controlada por el Estado argentino tras ser expropiada a la española Repsol en 2012.
La compañía se dedica a la producción y exportación de aceites de soja y girasol y de harina de soja, procesamiento de algodón, producción de biodiesel, jugo concentrado de uva, vinos, acopio y exportación de miel y carnes.
Vicentin posee activos en Uruguay, Brasil y Paraguay, y además es socia de la suiza Glencore en la firma Renova, dedicada a la molienda de granos.
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