Con la intención de sumar a la solución y no al problema, queremos abordar el tema de cómo el perfil de riesgo de grupos específicos y sus miedos críticos sobre modelos de Gobierno pueden estar complicando que Venezuela avance a una ruta de solución de sus diversos y complejos problemas.
En un artículo titulado “Constitución Económica y la amenaza de la Constituyente” comentábamos que ciertas empresas encuestadoras parecían estar mostrando que parte de la población venezolana -eventualmente la mayoría- pudieran estar cambiando su perfil de riesgo respecto a la intervención regulatoria del Estado por un lado, así como respecto a las políticas populistas y asistencialistas por el otro lado. Estas empresas por medio de sus encuestas parecen empezar a mostrar que el venezolano ha desarrollado cierta suspicacia respecto a la eficiencia de políticas como la gratuidad, el aumento del salario, el anclaje cambiario como política anti-inflacionaria o los controles de precios como forma para parar la inflación.
Asomábamos que este “cambio” en el perfil de riesgo, haciéndose más adversos tanto a acciones regulatorias como asistencialistas de transferencias pudiera ser más por reacción que por convicción -parecido al Voto Castigo, por ejemplo-.
Por su lado, el Ejecutivo nacional pretende manipular el miedo extremo de sus, hasta hace poco, adeptos intentando hacerles creer que una forma de no perder privilegios y el asistencialismo sería por medio de la inclusión de políticas públicas de redistribución en la Constitución vía el proceso Constituyente -y el apoyo a la misma-.
Académicos del área de la economía conocida como Economía del Comportamiento -Behavioral Economics- asoman que podría existir una serie de sesgos o deficiencias cognitivas que pueden llevar a la sociedad a inclinarse por acciones muy intervencionistas por un lado, o muy laxas por el otro lado, en detrimento del bienestar social.
En este sentido, existirían dos familias de operaciones cognitivas, en ocasiones denominadas como Sistema I y Sistema II, por medio de los cuales las actividades riesgosas y los procesos son evaluados. El Sistema I sería rápido, asociativo, e intuitivo, mientras que el Sistema II sería más deliberativo, calculador, lento, y analítico. El punto es que las personas suelen tener reacciones inmediatas y viscerales hacia ciertas personas, actividades, y procesos, y estas reacciones actúan como atajos a valoraciones más analíticas y deliberativas. Estos atajos suelen ser corregidos, cancelados o reconsiderados por el Sistema II.
De igual manera, existirían sesgos o deficiencias cognitivas que suelen crear errores en materia de deseos respecto a actuaciones de políticas públicas o regulatorias. Una de estas es la denominada Disponibilidad Heurística que consiste en sesgos provocados por considerar, ponderar o tener en mente experiencias recientes. Por ejemplo, se le asignará mayor probabilidad o desutilidad asociada a eventos recientes negativos.
Otro eventual generador de sesgo -a favor o en contra- de ciertas actuaciones regulatorias podría ser un agravamiento de las influencias sociales producto de una Cascada Reputacional o Efecto Cascada, consistente en que un sesgo puede ser reforzado socialmente al correr de boca en boca, siendo difícil para ciertas personas pronunciarse en contra de dicha creencia creada o reforzada socialmente. En este sentido, podría magnificarse el efecto de una acción, una situación o una falla del mercado, presionando socialmente en favor de una acción regulatoria o una prohibición absoluta por parte del Estado. O por el contrario, un riesgo no trivial, podría ser minimizado. Lo grave es que ciertos grupos de interés podrían aprovechar estas falsas creencias para desplegar conductas oportunistas y capturar al regulador o al proceso de diseño de la política pública.
Asimismo, parece existir un patrón, hasta cierto punto inconsistente pero recurrente respecto al perfil de riesgo de las personas: Aún cuando las personas conozcan las distribuciones de probabilidad idénticas para un conjunto de eventos -excluyentes entre sí, por ejemplo volar en avión o una apuesta con poca cantidad de dinero-, e independientemente de estas distribuciones; estas tenderán a hacerse más aversas al riesgo mientras el evento negativo lo asocian a reacciones viscerales, eventos recientes en la memoria o traumáticos.
Este fenómeno suele definirse como Negación o Desestimación de la Probabilidad, y podría explicar cómo una sociedad clama por acciones regulatorias independientemente de la distribución de probabilidad asociada al evento que represente una falla de mercado, sino por la visceralidad hacia este. De igual manera podría ocurrir a la inversa, es decir, una reacción visceral y reactiva contra acciones del Estado.
Por otro lado, cognitivamente puede presentarse una deficiencia producto de que los costos, daños o peligros de una actividad sean fácil y rápidamente identificables mientras que los beneficios de la actividad sobre la cual se va actuar, regular o limitar pueden ser de difícil identificación -lo que se conoce como Dangers On-Screen, Benefits Off-Screen-.
Esta situación puede crear sesgos en favor de acciones regulatorias porque se sobreponderan los costos o desestiman los beneficios. Por ejemplo, en Venezuela la promesa de un control de precios como política anti-inflacionaria -más que errada- ha solido subestimar la lesión a la Eficiencia Dinámica y el enorme costo de oportunidad de lesionar los derechos de propiedad y la libertad económica creando falsos positivos hacia empresas inocentes que generan bienestar, riqueza, oferta y empleos.
El miedo crítico y los eventuales sesgos viscerales y cognitivos, a favor o en contra de las actuaciones del Estado -en favor de ser muy intervencionista o en el otro extremo muy liberal-, pueden ser producto de errores sistemáticos del Sistema I del proceso de pensamiento y análisis. Como asomáramos anteriormente la creciente aversión al riesgo intervencionista, así como el temor de ser excluidos de un modelo como el actual que concibe la vida en sociedad como un juego suma cero; puede estar creando sobrereacciones y sesgos contrarios.
Estos riesgos que puede correr la sociedad a la hora de decidir por diseños regulatorios o modelos de Gobierno, pueden ser subsanados por mecanismos de Análisis Costo-Beneficio o Análisis de Impacto Regulatorio que actúen como el Sistema II del proceso de pensamiento más analítico, más deliberativo y más objetivo.
El Análisis Costo-Beneficio implica un correctivo natural a los sesgos producto de la Disponibilidad Heurística porque presta atención a los efectos actuales de la política pública o de la regulación.
Adicionalmente, el Análisis Costo-Beneficio y/o Análisis de Impacto Regulatorio actuaría como un remedio natural a la situación de sesgo producto de los Efectos Cascada. En la medida que los diseñadores de políticas públicas-regulatorias y el legislativo se encuentren disciplinados y restringidos por este tipo de análisis que pondera los sujetos afectados y los efectos negativos o positivos, se encontrarán inmunizados a los sesgos producto de Efectos Cascadas.
Igualmente, un Análisis Costo-Beneficio podría reducir el riesgo de sesgos producidos por una Negación o Desestimación de la Probabilidad por valorar tanto costos como beneficios sin sesgos emotivos.
La importancia y posibilidad de un Análisis Costo-Beneficio y un Análisis de Impacto Regulatorio radicaría en que pueden lucir ante toda la sociedad más agnósticos, objetivos, menos sesgados, y basados en conocimiento técnico que acciones y posiciones por parte de cada una de las partes “beligerantes” -especialmente comparado con un proceso a Asamblea Constituyente excluyente y corporativista-.
En este sentido, el diseño de mecanismos de Análisis Costo-Beneficio podría fungir como un compromiso creíble, por medio del cual se coadyuvaría a reducir los miedos críticos de ambos lados, y evitar su manipulación por “representantes” o Agentes de dichos grupos que pudieran estar buscando sacar provecho de ello (por ejemplo, en favor del intervencionismo actual o un extremo opuesto).
Deberá garantizarse que el este mecanismo de Análisis Costo-Beneficio cumpla con:
· Se debe identificar exhaustiva y correctamente las ventajas y desventajas del curso de las acciones propuestas en materia de políticas, y también intentar cuantificar los efectos relevantes al extremo que sea posible.
· Las descripciones cuantitativas deberán complementar, más que sustituir, a las descripciones cualitativas de los efectos relevantes ( esto especialmente ante una de las falencias de los Análisis Costo-Beneficio como es el tema de la cuantificación monetaria de los efectos vía disponibilidad a pagar).
En la mejor medida posible, la descripción cualitativa debería identificar correctamente quienes son beneficiados y quienes llevan las cargas. En este sentido, deberá identificarse si la regulación o acción pública genera pérdidas de empleo, rigidiza el mercado laboral, termina generando mayores precios en los mercados, genera mayor pobreza, etc.
· Deberá transformarse todo valor o efecto no monetario a equivalentes monetarios.
· La respuesta apropiada a miedos sociales que no se encuentren basados en evidencia robusta es por medio de la educación y la información. La mejor respuesta al miedo extremo y a los sesgos son educacionales y no por medio del despilfarro de recursos públicos o la generación de mayores costos sociales colaterales producto de regulaciones.
· Deberá revisarse la vigencia o caducidad de las acciones de políticas públicas y regulatorias para evitar Inflación Regulatoria, o exceso de efectos acumulados de políticas aisladas o distanciadas en el tiempo sobre los mismos sujetos.
* Economista UCV. Investigador Económico de CEDICE. Profesor de Economía Gerencial, UNIMET. Master in Competition and Market Regulation, BarcelonaGSE, Universidad Pompeu Fabra, Universidad Autónoma de Barcelona. Master en Economía Industrial, Universidad Carlos III de Madrid.
Fuente: http://ift.tt/2eO6SS3
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