El Defensor del Pueblo español, Francisco Fernández Marugán, ha pedido a la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, una solución al problema de los residentes en España que llevan sin cobrar desde enero de 2016 las pensiones que generaron en Venezuela.
La institución advierte en un comunicado de que han recibido numerosas quejas de afectados a los que el Gobierno venezolano ha dejado de pagar las pensiones que les correspondían y cuya cotización en España no alcanza para una pensión mínima, por lo que apenas tienen recursos para su subsistencia.
Así, el Defensor considera que deben eliminarse las trabas existentes para el reconocimiento y concesión de complementos a mínimos de pensiones y otras prestaciones asistenciales mientras Venezuela continúe sin pagar.
Fernández Marugán toma esta iniciativa después de que en noviembre se dirigiera a la Secretaría de Estado de la Seguridad Social con tres recomendaciones y que sus responsables las “rechazaran”.
El Defensor del Pueblo pidió que no compute como ingreso el importe de las pensión no abonada por el Estado venezolano para que pueda reconocerse el derecho al cobro del complemento a mínimos para una pensión española y así evitar situaciones de pobreza y exclusión social.
No obstante, la Seguridad Social podría exigir su reintegro en el supuesto de que Venezuela reanudara los pagos con abono de los correspondientes atrasos.
También solicitó la revocación de resoluciones de expedientes de reintegro de prestaciones por cobro indebido del complemento a mínimos y a quienes les redujeron el importe de dicho complemento en 2016 y 2017 a pesar del impago de las pensiones.
Asimismo, pidió que se aceptara la declaración responsable de los interesados como prueba del impago de las pensiones y como reconocimiento de la deuda que adquieren con la Seguridad Social.
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