El gobierno venezolano anunció acciones judiciales contra el presidente ejecutivo de Banesco y otros 10 altos representantes de la entidad, a quienes acusan de permitir que la institución sirviera para transacciones vinculadas con la extracción de billetes y evasión del control cambiario.
Al hacer el anuncio el Fiscal General, Tarek William Saab, aseguró que los clientes del banco pueden estar tranquilos pues se trata de una “operación quirúrgica”, sin ofrecer detalles sobre próximas medidas.
El arresto de un presidente ejecutivo de un banco es un hecho que en Venezuela no se veía desde la mini crisis financiera de 2009-2010, aunque en esta ocasión las razones que se argumentan son muy distintas.
El gobierno de Nicolás Maduro acusa a Banesco de permitir, por omisión, operaciones ilegales a través de cuentas relacionadas con transacciones de compra y venta de divisas y de billetes venezolanos, especialmente desde Colombia y Panamá.
Según las autoridades, las cuentas congeladas en todos los bancos (la mayoría de Banesco), movilizaron fondos por Bs 20 billones durante un año, monto equivalente a 4% del total de las captaciones de toda la banca, que al cierre del primer trimestre de 2018 se ubicaron en Bs 488 billones.
La investigación de la Fiscalía no ha señalado el uso irregular de fondos de los ahorristas por parte de la directiva del banco, ni su desvío para usos distintos a los contemplados en la Ley.
Estos datos muestran que la acción contra Banesco no compromete los fundamentos financieros ni del banco ni del sistema general, así como tampoco los del país, cuya crisis se debe a otros factores de tipo macroeconómico, microeconómico y administrativos.
La banca venezolana enfrenta duros retos en el contexto de depresión económica e hiperinflación por la que atraviesa el país, circunstancia que no es atribuible a su núcleo de negocio. Desde el 2016 empezó a transitar un terreno mucho más empinado y complejo al que estaba acostumbrado en años previos, en los cuales los niveles de inflación no crecían a los ritmos que estamos observando actualmente.
Estas realidades no han sido ajenas a las autoridades financieras, las cuales han permitido una mayor capacidad temporal en la gestión crediticia de la banca a través de una mayor flexibilización en la forma de cálculo del indicador ponderado de capital, modificando el peso de las carteras reguladas, así como de parte de los créditos comerciales con ciertos tipos de garantías además de aprobar revaluaciones de activos que han permitido un incremento en el patrimonio de la banca.
Esto ha permitido, una mejora en los márgenes, indicadores de rentabilidad y eficiencia (gastos de transformación/margen) a pesar de un contexto altamente inflacionario. Sin embargo, este panorama puede no sostenerse de no tomarse medidas que incidan en una disminución de los niveles actuales de inflación y otras que permitan una mejora de los indicadores macroeconómicos y microeconómicos del país.
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