El gigante automovilístico Volkswagen (VW) y la Asociación Alemana de Organizaciones de Consumidores (VZBV) anunciaron que han comenzado a negociar un acuerdo en relación con la macrodemanda presentada en Alemania contra el grupo por la manipulación de motores diésel.
Ambas partes informaron de que han comenzado «conversaciones sobre un posible acuerdo» con el objetivo de alcanzar «una solución pragmática en interés de los clientes».
Tanto VW como las asociaciones de consumidores indicaron en un comunicado que esas conversaciones se encuentran en «una etapa muy temprana» y que las dos partes han acordado mantener la confidencialidad sobre sus contactos.
Medios alemanes interpretaron después de conocerse el breve comunicado sobre el caso que la apertura de conversaciones para alcanzar un acuerdo aumenta las posibilidades de que los afectados obtengan una compensación por la pérdida de valor de sus vehículos.
El juicio comenzó el pasado 30 de septiembre en la Audiencia Territorrial de Braunschweig (norte) y en el macroproceso la multinacional responde ante la Justicia alemana por los presuntos estragos causados entre clientes europeos por el llamado «diéselgate».
Hay casi medio millón de afectados -entre ellos unos 3.000 españoles- incluidos en la macrodemanda, la primera que llega a un tribunal alemán cuatro años después de que estallase el escándalo por la manipulación de las emisiones en motores diésel.
A la Audiencia Territorial de Braunschweig le corresponderá establecer, en primer lugar, si se han producido los daños a los usuarios por lo que éstos reclaman ser indemnizados, algo que VW cuestiona.
Hay casi 60 objetos de litigio en una demanda que encabeza la VZBV y el club de automovilistas ADAC, con 20 millones de abonados en el país.
VW se negó a alcanzar inicialmente un acuerdo extrajudicial, pero la VZBV se ha mostrado optimista desde el principio del proceso respecto a la posibilidad de que sus representados reciban pronto indemnizaciones.
El juez Michael Neef indicó en la apertura del juicio el pasado septiembre que «posiblemente la demanda colectiva no será de utilidad para los usuarios con residencia en el extranjero»; y agregó que, para esos afectados, «habrá que aplicar, si procede, el derecho material extranjero» para responder a sus solicitudes de indemnización.
Como resultado del proceso se debería aclara si los afectados tienen derecho a una indemnización y en qué cuantía.
Estos potenciales afectados son los propietarios de vehículos de las marcas Volkswagen, Audi, Seat y Skoda con motores diésel del tipo EA 189, equipados con un dispositivo de desconexión.
El argumento principal de la parte demandante es que esos conductores han tenido que ver cómo sus coches perdían valor por el escándalo y reclaman ser compensados. El factor tiempo no juega a su favor, ya que cuanto más tarde llegue una resolución menos valdrán esos autos.
Alrededor de 11 millones de vehículos en todo el mundo -unos 2,5 millones en Alemania- incorporaban en su software comandos que trucaban las emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx) sólo durante las pruebas en laboratorio, según datos de VW.
Estos vehículos contaminaban en carretera mucho más de lo permitido y de lo que constaba en sus papeles, porque el «software» desactivaba por defecto el filtro que reducía las emisiones de NOx.
El grupo automovilístico alemán informó por primera vez del asunto el 22 de septiembre de 2015, días después de que las autoridades de Estados Unidos destaparan el escándalo.
VW ya ha llegado a acuerdos de compensación en Estados Unidos, donde aceptó pagar más de 10.000 millones de dólares (casi 9.000 millones de euros) a los dueños de cerca de medio millón de propietarios de vehículos VW y Audi en ese país, además de 4.700 millones de dólares (unos 4.200 millones de euros) para mitigar daños medioambientales causados por sus motores.
Aceptó también pagar al menos 87 millones de dólares australianos (unos 54 millones de euros) a los afectados por el «diéselgate» en Australia, aunque la cantidad podría alcanzar finalmente 127 millones de dólares australianos (unos 79 millones de euros); en Canadá el grupo acordó pagar unos 1.575 millones de dólares (unos 1.080 millones de euros).
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