La Cámara de Caracas exigió el cese continuado de las vías de hecho y la violencia institucional contra las empresas venezolanas y en consecuencia, contra la población.
A través de un comunicado, los empresarios de Caracas expresaron su desacuerdo con las medidas anunciadas el pasado viernes por el Ejecutivo Nacional contra varias empresas productoras de alimentos.
Destacaron que las medidas representan la adopción de formas de intervención traducidas en el mecanismo de venta supervisada, asegurando que “es una medida de supervisión y precios acordados”, cuyos destinatarios son empresas del sector alimenticio.
El gremio de empresarios sostuvo que las medidas buscan ocultar el deterioro de la calidad de vida del venezolano y el rotundo fracaso de la gestión gubernamental.
“Sin justificación ni motivación racional alguna, carente de sustentación en análisis económico y financiero, se pretenden esconder las verdaderas causas de las distorsiones y escollos en el proceso productivo que generan la inflación, la maxi-devaluación experimentada recientemente y los incrementos de costos de transacción entre los agentes económicos, resultado de la adopción de políticas erráticas en materia fiscal, monetaria y tributaria, que profundizan la crisis”.
El gobierno nacional, expresa el comunicado, persiste en la conflictividad política sin adoptar medidas que permitan enfrentar con racionalidad las implicaciones que conlleva la pandemia, la paralización de actividades económicas, en algunos sectores, de la dificultad de producción de bienes de consumo necesario y prestaciones de servicios básicos, habida cuenta los controles desmedidos, las más de las veces ilegales, aunado al desmantelamiento de la infraestructura hidroeléctrica, vías de comunicación y la producción y suministros de combustible, condiciones mínimas elementales para producir.
Consideran que el tema económico se deja irresponsablemente a un lado y la muestra más evidente es la argumentación fútil conforme a la cual el sector empresarial “busca la desestabilización” y constituyen “factores de especulación”. “Esa causa de justificación para la intervención de las empresas, no es aceptada ni resulta convincente para la mayoría de la población que cada día más tiene un criterio positivo de los empresarios, como lo demuestran múltiples estudios de opinión”.
A juicio de los empresarios, “el venezolano es consciente y ha sido solidario con los empresarios por los embates legales, actuaciones administrativas desmedidas y formas de índole diversas de interdicción de la cual ha sido objeto; reconoce su estoicismo al mantener activas las empresas y mantener incólume su compromiso con el país en correspondencia con su responsabilidad con sus trabajadores”.
Sostienen que el gobierno ante la creciente insatisfacción del venezolano, el fracaso continuado en lograr la prometida recuperación, crecimiento y estabilidad económica en beneficio del país, arremete contra el sector privado, en lugar de crear las condiciones idóneas para la producción, distribución y comercialización de bienes y prestación de servicios, crea obstáculos y realiza vías de hecho, que generan cierres de empresa, desabastecimiento e imposibilidad de acceso de la población a los mismos.
Reiteran que las medidas de intervención y ocupación adoptadas lesionan los derechos de libertad económica y la propiedad de las empresas (accionistas, trabajadores e inversionistas) y también atentan contra la seguridad alimentaria y, por tanto, conculca los derechos fundamentales del venezolano: acceso a bienes de consumo, preservación de los niveles de satisfacción de sus necesidades y de su familias y elevación de la calidad de vida, constitucionalmente protegidos.
Los empresarios de la Cámara de Caracas exigen el respeto de los derechos del ciudadano y de los empresarios, el cese del hostigamiento y de las vías de hecho y, en consecuencia, se deje sin efecto las medidas inconstitucionales adoptadas.
Reiteran que el estado de excepción materializado en la alarma sanitaria no puede ni debe ser una herramienta de erosión del estatuto consagratorio de los derechos fundamentales ni una forma de preterir las garantías para su tutela.
“Es solo un mecanismo para enfrentar la pandemia global y sus efectos nocivos en la población para garantizar su derecho a la salud y no el valladar justificador de la arbitrariedad. Lo contrario es un fraude a la ley o empoderamiento antidemocrático del Ejecutivo Nacional”, subrayó el texto.
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