La crisis sociopolítica que vive Nicaragua desde abril ha dejado sin empleo a más de 300.000 personas, informó hoy el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), la cúpula empresarial más importante del país.
“Entre desempleados y suspendidos hay más de 300.000 nicaragüenses”, dijo el presidente del Cosep, José Adán Aguerri, a periodistas.
La cantidad es superior a los 119.567 puestos de trabajos perdidos que informó el Ejecutivo esta mañana, a través de medios del Gobierno.
De acuerdo con el Gobierno, la crisis ha causado daños por 1.180,6 millones de dólares.
El Banco Central de Nicaragua (BCN) bajó la perspectiva de crecimiento del país para 2018 de un rango entre 4,5% y 5% a 1%.
Aguerri reiteró la posición del Cosep de que la crisis económica pasa por una respuesta política.
“La caída, si no hay acuerdo político, va a seguir, y esa es una responsabilidad del Gobierno, de las autoridades, de poner un paro a esa caída, y está en manos del Gobierno que eso suceda”, destacó el presidente del Cosep.
El Cosep forma parte de la Alianza Cívica, contraparte del Gobierno en el diálogo nacional para superar la crisis, que fue suspendido en julio pasado, y que espera una decisión del presidente Daniel Ortega para continuar, con la mediación del Episcopado local.
Más allá de lo económico, organizaciones humanitarias reclaman al Gobierno la muerte de entre 322 y 512 personas, principalmente en protestas contra Ortega, así como la detención de cientos de personas.
“Llegar a esta situación donde se está queriendo, a la fuerza, restringir, nos sigue llevando por la ruta equivocada”, reclamó Aguerri.
La oficina del Alto Comisionado de la Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) responsabilizó al Gobierno de Ortega por “más de 300 muertos”, ejecuciones extrajudiciales, torturas, obstrucción a la atención médica, detenciones arbitrarias, secuestros, violencia sexual, entre otras violaciones a los derechos humanos.
Ortega rechaza la responsabilidad y mantiene que es víctima de un intento de “golpe de Estado”.
Las protestas contra Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, comenzaron el 18 de abril pasado, por unas fallidas reformas de la seguridad social y se convirtieron en una exigencia de renuncia del mandatario, después de 11 años en el poder.
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