En septiembre de 2009 el presidente boliviano Evo Morales reivindicó en Naciones Unidas los derechos ambientales, convirtiéndose en adalid de los ecologistas. Una década más tarde, en medio de voraces incendios forestales, pasó a ser villano.
Indígena cocalero de izquierda, Morales, dueño entonces de un gran prestigio internacional, planteó que los países desarrollados debían «reconocer y pagar una deuda climática que tienen con toda la humanidad y el planeta Tierra», al que llamó, en quechua, «Pachamama».
Abanderado del ambientalismo y de los derechos de los indígenas, Morales fue reelegido ese mismo año con el 63% de los sufragios para un segundo período, que revalidó cinco años después hasta 2020, también con una votación holgada. Ahora buscará en octubre un cuarto mandato.
Pronto comenzaron los desencuentros con las ONG y activistas ambientalistas por las políticas extractivistas de Morales, especialmente en temas de hidrocarburos.
Según el activista Pablo Solón, exembajador de Morales ante la ONU, el gobierno tiene «un manejo totalmente irracional de nuestros bosques y la biodiversidad».
Su derrota más evidente fue en 2012 cuando tuvo que retroceder ante la dura oposición a una polémica ruta que iba a cortar en dos el parque nacional TIPNIS (Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro-Sécure), en la Amazonía boliviana.
«Ecocidio»
En medio de los incendios el pasado mes en la Amazonía boliviana, los obispos de la región dieron hace unos días una alerta ante lo que llamaron la «trágica consecuencias de este desastre ecológico», mientras el opositor Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) responsabilizó al mandatario de propiciar con dos normas el desmonte y quema de pastizales en la Chiquitanía, una extensa llanura en la sureste del país, para ampliar la frontera agrícola.
Rolando Villena, un vocero del Conade que fue defensor del Pueblo hasta 2016, anunció que su colectivo va a «estructurar un juicio de responsabilidades contra todos aquellos que han firmado el decreto supremo 3973» que amplía de 5 a 20 las hectáreas autorizadas para la quema controlada de tierras.
En medio de una ruda campaña electoral para los comicios de octubre, el diputado aymara opositor Rafael Quispe respaldó la idea del juicio de responsabilidades al gobernante, «por el delito de ecocidio, por el delito de biocidio».
«La ganadería y la agricultura comercial son responsables de dos terceras partes de la deforestación de Bolivia», sostuvo Solón, el activista, ante la AFP.
Según estimación de su fundación ecológica, «esta situación se va a agravar por la expansión de la frontera agrícola para la caña de azúcar y la soya destinada a los biocombustibles, y pastos para el ganado destinado a la exportación de carne a China».
En medio de la crisis ambiental por los incendios, Morales presenció el miércoles el primer embarque de 48 toneladas de carne bovina a China.
¿Oposición cómplice?
El oficialismo ha cerrado filas en torno a Morales: «Hemos visto que se ha estado magnificando las cosas, en algunos casos hay una intencionalidad perversa en este tipo de acciones que buscan sacar rédito político», protestó la diputada oficialista Sonia Brito.
El empresario Gary Rodríguez, gerente del privado Instituto Boliviano de Comercio Exterior, defendió de su lado las medidas del gobierno.
«La pregunta es a los que se oponen que el área de siembra se amplíe, ya sea para generar alimentos o biocombustibles, qué proponen para salir de este atolladero en que estamos ahorita, producto del languidecimiento del sector de hidrocarburos», cuestionó Rodríguez.
Mientras, la legisladora opositora Lourdes Millares disparó: «Hemos revisado la documentación y efectivamente en el Senado nacional esta ley (de ampliación de desmotes y quemas) se ha aprobado por unanimidad. Entonces aquí existe una responsabilidad muy clara también de la oposición».
Morales responsabilizó al cambio climático.
«La causa principal de grandes incendios, que lamentablemente se registran en otros continentes, es el #CambioClimático que es responsabilidad de todos los países del mundo», tuiteó el mandatario.
Iglesia: panorama sombrío
Ante el drama ecologista y tras admitir que 1,2 millones de hectáreas de bosques y pastizales han desaparecido por el fuego desde mayo, Morales llamó «a implementar un plan de recuperación a favor de lugareños de zonas afectadas».
Sin embargo, los ambientalistas afirman que la recuperación de la flora y fauna quemada demandará al menos dos siglos.
Con una visión casi apocalíptica la Iglesia católica presagia que «en poco tiempo constataremos la pérdida de biodiversidad, la contaminación de la tierra, del aire y del agua, la peligrosa deforestación y la escasez de medios de subsistencia de sus pobladores».
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