La Fiscal General Luisa Ortega, dijo este viernes que dos sentencias del Tribunal Supremo de Justicia, con las que la justicia asumió las funciones del legislativo, constituyen “violaciones” del orden constitucional.
“Decisiones signadas con los números 155 y 156 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, dichas sentencias evidencian varias violaciones del orden constitucional y desconocimiento del modelo de Estado consagrado en nuestra constitución de la República Bolivariana de Venezuela, lo que constituye una ruptura del orden constitucional. Es mi obligación manifestar ante el país mi alta preocupación”, dijo Ortega Díaz.
Pidió que se tomen caminos democráticos para solucionar los problemas del país “Como máxima representante del Ministerio Público, y en nombre de los más de 10 mil funcionarios y, adicional, los casi 3 mil fiscales que ejercen de forma autónoma la acción penal, llamamos a la reflexión para que se tomen caminos democráticos y de respeto a la Carta Magna, a que se debata de forma democrática y respetando las diferencias, conseguir caminos constitucional que aseguren la paz y que se superen obstáculos para brindar la calidad de vida que reclama nuestra población”.
“Existe en el país una pugna institucional que complica los fines del Estado, que son la construcción de una sociedad justa y el bienestar del pueblo”, indicó Ortega desde la sede del Ministerio Público.
En este sentido, detalló que “en 2016 detectamos una alta incidencia de homicidios intencionales, que se evidencia en una taza de 70.1 por cada 100 mil habitantes. Este indicador nos llama a establecer como meta disminución de la criminalidad”.
Por otro lado, comentó que registraron 12.069 víctimas entre 15 y 30 años “un trágico saldo que atenta contra nuestra generación de relevo”.
También indicó que es imperativo el desarme de la población en el país para lograr la disminución de la criminalidad.
La máxima representante del Ministerio Público también reseñó las violaciones a los derechos humanos en el 2016.
Por estos hechos “se imputaron 2.441 funcionarios por la presunta violación de derechos humanos y a causa a 635, de los cuales 266 ya están condenando. Entre los delitos están el homicidio, tortura, trato cruel y privación ilegítima de la libertad”.
“En el 2016 se imputó a 80 funcionarios de distintos cuerpos de seguridad por la pérdida de vida de personas, acusando a 16”, destacó.
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