El escándalo del pago de sobornos de Odebrecht, por el que la constructora fue vetada en varios países de América Latina, supone un duro golpe al ya deficitario sector de la infraestructura en la región y un desafío para la competitividad de la empresa privada en general, afirmó hoy un experto de la ONU.
El jefe regional para Infraestructura de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS, por su sigla en inglés), Lucio Cáceres, argumentó en una entrevista con Efe que Odebrecht “es una firma que ha sido parte importante de la capacidad ejecutora (en infraestructura) del continente”.
“La retirada del mercado, por lo menos provisionalmente”, tanto de Odebrecht como de otras constructoras brasileñas implicadas en una trama de corrupción que ha estremecido a Brasil, hace que la región “se enfrente con una situación bastante compleja, porque se le cortó la mano de las herramientas de ejecución”, añadió el funcionario de la ONU y exministro de Obras Públicas de Uruguay.
Esta situación “deja un espacio abierto” en el mercado que pudiera ser aprovechado por otras empresas de la región, “pero la verdad es que” ninguna “comparable con la magnitud de mercado que tenía en la zona” Odebrecht, que “es una gran compañía” aunque con “un problema”, sostuvo.
Según documentos publicados en diciembre por el Departamento de Justicia de EE.UU., Odebrecht pagó unos 788 millones de dólares en comisiones ilegales por más de 100 proyectos en Angola, Argentina, Brasil, Colombia, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, México, Mozambique, Panamá, Perú y Venezuela.
Para limpiar su imagen, Odebrecht pidió disculpas públicas en diciembre y se comprometió a pagar multas por más de 2.000 millones de dólares a los gobiernos de EE.UU., Brasil y Suiza, y además adoptó en 2016 “una política de cumplimiento”, por la cual “se propone perfeccionar su modelo de gobernanza”.
Cáceres dijo este miércoles que “uno de los mecanismos que vemos que está funcionando” para llenar el espacio abierto dejado al menos provisionalmente por la constructora brasileña “es la aparición de la potencia china en la región”.
Ello seguramente hará que las empresas latinoamericana se unan en consorcios para competir por proyectos que también van a llamar la atención de los chinos, que cuenta con un poderoso brazo financiero.
“¿Podrán competir? ese es un tema muy neurálgico, porque muchas veces son empresas (las latinoamericanas) que están compitiendo con grandes asimetrías” especialmente en materia de acceso al financiamiento, indicó.
La situación se potencia “sobre todo en el esquema actual de la región”, en donde muchos países “tiene una elevada deuda pública”, lo que limita su acceso al crédito con multilaterales y “lleva a que las obras se liciten con financiamiento de las empresas mediante concesiones y participación público-privada”.
Conseguir el “instrumento financiero va a ser desafío de las empresas en general”, señaló el funcionario de UNOPS, un organismo de la ONU que gestiona más de 1.000 proyectos humanitarios, de desarrollo y de consolidación de la paz para distintos asociados, indica su página web.
Es un escenario “complejo”, sobre todo si se mira “desde el punto de vista de que este continente necesita desarrollar su infraestructura, necesita inversión”, resaltó el funcionario de la ONU y profesor universitario.
En América Latina se invierte entre el 1 % y el 2 % del producto interno bruto (PIB) en infraestructura, cuando por ejemplo en el sureste asiático este indicador es de entre el 5 % y el 7 %, citó como ejemplo el directivo de UNOPS.
Lo ideal para la región sería invertir alrededor del 5 % del PIB en infraestructura, y este es un momento muy propicio para comenzar a hacerlo porque las tasas de interés están bajas, dijo Cáceres.
Indicó que además del tema del manejo “inteligente” del financimiento, otro escollo que enfrenta el sector de la infraestructura en la región es la “calidad de los diseños y de la ejecución de las obras”.
La UNOPS es un organismo de las Naciones Unidas que gestiona o desarrolla en América Latina unos 70 proyectos, desde aeropuertos, museos y carreteras hasta provisión de cocinas y baños a casas de interés social, por un total de alrededor de 1.000 millones de dólares.
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