Petrosur, empresa constituida por la Corporación Venezolana de Petróleo y la holandesa-española Inversiones Petroleras Iberoamericanas, parece ser una figura bajo la cual procederá el canje de bonos en default por reservas petroleras e ingresos futuros por ventas, señala un reporte de Argus.
La nueva empresa desarrollaría de manera exclusiva el bloque Junín 10 de la Faja Petrolífera del Orinoco con reservas de crudo extrapesado estimadas en 1,03 millones de barriles, de acuerdo con Pdvsa.
Un observador advierte que Junín 10 será difícil de desarrollar porque está distante de la infraestructura existente. Pero IPI podría intentar vender sus derechos sobre la superficie.
El pago por adelantado de $400 millones de IPI se hará principalmente a través de bonos venezolanos soberanos y Pdvsa en poder de los dueños de IPI, de acuerdo con lo dicho por tres funcionarios venezolanos a Argus.
IPI se registró originalmente en Madrid en 2013 como una empresa dedicada principalmente al sector inmobiliario. La asociación de IPI con CVP está estructurada a través de una compañía holandesa registrada en los Países Bajos el 19 de abril de 2017 llamada Stichting Administratiekanto o Inversiones Petroleras Iberoamericanas (SAIPI).
Stichtings son entidades holandesas que hacen posible separar legalmente la propiedad y el control, de modo que las identidades de los propietarios o beneficiarios reales pueden permanecer ocultas al público, reseña Argus.
Los principales propietarios de SAIPI e IPI son el ex presidente ejecutivo de Repsol, Alfonso Cortina, y el ex vicepresidente de Repsol, Ramón Blanco Balín. Este último es investigado por lavado de dinero por las autoridades españolas, indican documentos a los que Argus tuvo acceso.
El activo corporativo más grande de SAIPI parece ser una compañía de las Islas Vírgenes Británicas llamada Arazen Investments Ltd.
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