El Gobierno de Argentina buscará esta semana poner freno a la espiral de la crisis desencadenada tras la derrota del oficialismo en las primarias y que tornó a agosto en uno de los peores meses para los mercados financieros locales que se recuerden desde la crisis de 2001.
El «agosto negro» arrojó resultados lapidarios: las acciones líderes se desplomaron un 41,5%, los bonos se derrumbaron un 55% en promedio, el precio del dólar en la plaza cambiaria local saltó un 35,8% y el índice de riesgo país trepó un 224%, hasta los 2.532 puntos básicos, su máximo nivel desde 2005.
Los inversores están en «modo pánico» desde las primarias celebradas hace tres semanas, con un resultado que ni las encuestas ni sus propios protagonistas esperaban: el peronista Alberto Fernández, candidato presidencial del Frente de Todos, arrasó con el 47,78% de los votos y quedó cómodamente posicionado para los comicios generales del 27 de octubre.
El presidente Mauricio Macri, quien aspira a la reelección y logró el 31,79% de los votos, ha culpado por la hecatombe en los mercados a la desconfianza que su rival electoral, de duro predicamento contra la especulación financiera, y la compañera de fórmula de éste, la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015), despiertan entre los inversores.
Éstos, a su vez, achacan la crisis a Macri, a quien responsabilizan de haber endeudado al país y llevarlo a un escenario de recesión, alta inflación y fuga de capitales.
Desde el «golpazo» de las primarias, tal como lo definió Macri, el fuego cruzado entre oficialismo y oposición no ha hecho más que crispar aún más a los mercados, que sólo se han dado alguna jornada excepcional de alivio cuando los candidatos dieron algunas señales conciliadoras que pronto se diluyeron.
De cara a la semana que se inicia, se espera que el Banco Central se muestre más agresivo en sus acciones para intentar estabilizar el tipo de cambio y evitar que el pánico entre los inversores más sofisticados se contagie a los pequeños ahorristas y se añada una presión extraordinaria sobre el sistema bancario con una aceleración en el retiro de depósitos.
En agosto, las reservas monetarias de Argentina cayeron en 13.793 millones de dólares, hasta los 54.098 millones.
Según datos de la consultora Ledesma, buena parte de esta sangría se explica por los 2.038 millones de dólares que el Banco Central destinó desde las primarias a intervenir en la plaza cambiaria local para intentar detener el alza del precio del dólar.
Otros 5.456 millones de dólares se fueron para hacer frente al retiro de los depósito bancarios en dólares y a la cancelación de instrumentos de deuda de corto plazo emitidos por el Tesoro y cuya tasa de renovación cayó drásticamente desde las primarias.
Ante este escenario, el miércoles pasado el nuevo ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, anunció una extensión de entre tres y seis meses de los vencimientos de esos títulos de deuda de corto plazo en manos de inversores institucionales con el objetivo de preservar las reservas para que el Banco Central tenga mayor poder de fuego en la plaza cambiaria.
Esta medida de incumplimiento en los plazos de pago, aunque no impliquen quitas de capital ni intereses, bastó para que las principales calificadoras de riesgo le bajaran la nota a la deuda soberana argentina que, según varios expertos, está ahora en un cese de pagos «selectivo».
Adicionalmente, Lacunza, quien el 20 de agosto sustituyó a Nicolás Dujovne al frente de la cartera de Hacienda, anunció el envío al Parlamento de un proyecto de ley para extender los vencimientos de bonos públicos de mediano y largo plazo emitidos localmente.
Se prevé que la iniciativa sea girada este lunes y que el miércoles el ministro comparezca en el Parlamento para explicar los alcances de un proyecto que promete un debate álgido entre las fuerzas políticas volcadas al proceso electoral.
Por otra parte, Argentina buscará también reprogramar los vencimientos de los bonos emitidos en el exterior mediante un acuerdo voluntario con los acreedores.
Y además ha propuesto un diálogo al Fondo Monetario Internacional para extender los vencimientos con ese organismo, con el que Macri firmó el año pasado un acuerdo de auxilio financiero por un total de 56.300 millones de dólares.
El directorio ejecutivo del Fondo se reunió el viernes para analizar la situación de Argentina, a la que la semana pasada envió una misión. De momento no ha dicho si acepta o no negociar y si desembolsará los 5.400 millones de dólares del tramo de ayuda del acuerdo previsto para septiembre.
La incertidumbre ya no es sólo de los grandes inversores.
Los empresarios, a través de una de sus principales entidades, reclamaron este sábado acuerdos políticos y económicos para frenar la crisis. Los clientes bancarios aumentaron su concurrencia a las sucursales, memoriosos del «corralito» que en la crisis de 2001 dejó atrapados sus ahorros.
Y en las calles crecen las protestas de sindicatos y organizaciones sociales, síntoma del descontento y la angustia por salarios que no alcanzan, precios que se salen de control y una economía sin horizontes.
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