El 5 de enero es una fecha clave. Ese día se debe instalar el último período de esta legislatura en la Asamblea Nacional, controlada por la oposición al chavismo desde 2015, y la prioridad es que Juan Guaidó siga siendo el presidente de la institución, aún cuando los vientos no están precisamente a su favor.
En consecuencia, representantes del gobierno de Estados Unidos, concretamente el representante especial para Venezuela, Elliott Abrams, y el jefe de la Oficina para Venezuela, James Story, se reunieron con representantes de Voluntad Popular, el partido de Guaidó, Acción Democrática, Primero Justicia y Un Nuevo Tiempo, en función de evaluar cómo se ve la reelección del dirigente reconocido como mandatario interino por 58 países.
La información sobre la reunión fue publicada por el internacionalista Edgar Otálvora en su columna del Diario de las Américas y confirmada de alguna manera por el propio Abrams, quien dijo públicamente que no revelaría detalles sobre las conversaciones, ya que los dirigentes venezolanos «desafortunadamente, no viven en un país libre».
Fuentes consultadas de estos tres partidos indican que el objetivo de la delegación local fue asegurar a los representantes de Donald Trump que la reelección de Guaidó no está amenazada, pero se denunciaron las estrategias del gobierno de Nicolás Maduro para restar votos a la oposición; por eso Abrams declaró públicamente que, aparte de los allanamientos de inmunidad y la persecución, el chavismo estaría pagando nada menos un fuerte soborno en dólares por cada voto negado a la ratificación.
El resto de la directiva será cambiada en función de cumplir el pacto político hecho a inicio de la legislatura.
Los informantes señalan que se está trabajando para «evitar sorpresas»; de hecho, Guaidó se reunió con la dirección de «Soy Venezuela», el partido liderado por María Corina Machado, y otros sectores con el fin de evitar el espectáculo de una candidatura alternativa que, hasta ahora, no estuvo planteada, pero que fue sugerida por la fracción del PSUV.
El chavismo ha mantenido una estrategia clara de minar la mayoría que respalda a Guaidó. La decisión de reformar el Reglamento Interior y de Debates para permitir el denominado voto «virtual» fue especialmente urticante para el PSUV, porque 30 parlamentarios refugiados en embajadas, exiliados y en la clandestinidad quedan facultados para votar.
La medida es un evidente «cura en salud», porque al menos 10 parlamentarios más podrían ser inhabilitados, según calculan las fuentes consultadas por Banca y Negocios. «Hay siempre que esperar lo peor del TSJ», dijo uno de los informantes.
En todo caso, según la información que ha trascendido, está claro que Estados Unidos ratificó su apoyo a la opción de Juan Guaidó como presidente interino.
La oposición mayoritaria tiene varios retos pendientes: conseguir una unidad más reforzada y amplia, evitar nuevos escándalos relacionados con prácticas corruptas y articular una nueva estrategia, aunque formalmente no se ha abandonado el denominado «mantra».
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