La constructora peruana Graña y Montero (GYM) se acogerá a la figura de colaboración eficaz en la investigación del escándalo de corrupción de la empresa brasileña Odebrecht, con la cual fue socia en varias obras, entre ellas el Gasoducto Sur Peruano, informó la Superintendencia del Mercado de Valores.
El gerente general corporativo de Graña y Montero, Luis Francisco Díaz, informó del acuerdo preliminar con la Fiscalía y la Procuraduría a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), de acuerdo con un comunicado difundido en el portal de la entidad.
La colaboración eficaz, por la cual se comprometen a entregar información relevante y testimonios, se extenderá igualmente a su implicación en el caso del «Club de la Construcción», otra investigación por corrupción que involucra a firmas que se adjudicaron grandes obras de infraestructura en el país.
El acuerdo de colaboración se firmará en un plazo máximo de 60 días con el fiscal Germán Juárez, que encabeza la investigación, y con el procurador ad hoc Jorge Ramírez.
La empresa GYM señaló que se acordó levantar la confidencialidad de la identidad de la compañía como aspirante a colaborador eficaz, pero que se mantendrá la reserva respecto de los demás aspectos del proceso.
Como consecuencia de este acuerdo preliminar, Graña y Montero ha desistido de la solicitud de arbitraje ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CADI) para recuperar la inversión que hizo en el Gasoducto Sur Peruano, obra que ha quedado suspendida desde que se destapó el escándalo Lava Jato.
El proyecto del Gasoducto fue licitado en el Gobierno de Ollanta Humala (2011-2016), quien actualmente está investigado, junto a su esposa Nadine Heredia, por presuntamente haber recibido un millonario soborno de Odebrecht para ganar esta licitación, en consorcio con GYM y Enagás de España.
La compañía peruana afirmó que la suscripción de este acuerdo preliminar representa «una clara muestra de encontrarse próxima a poder cerrar los frentes legales que ha tenido que enfrentar en los casos vinculados a Lava Jato y al Club de la Construcción».
Graña y Montero también fue una de las consorciadas de Odebrecht en la construcción de la Línea 1 del Metro de Lima durante el segundo gobierno del fallecido expresidente Alan García (2006-2011), quien estaba investigado por lavado de activos cuando se suicidó para evitar ser detenido por este caso.
La compañía peruana aclaró, en abril pasado, que no pagó sobornos o coimas por la Línea 1 del Metro de Lima, sino que Odebrecht le pidió un reembolso de tres millones de dólares por su participación en esa obra.
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