El «Petroaguinaldo» es un experimento, cuyos resultados determinarán la velocidad con la que se masificará la utilización del Petro, el token criptográfico emitido por el gobierno de Nicolás Maduro, en 2020, a partir del pago de 100% de los bonos a empleados públicos, pensionados y tenedores del carnet de la Patria en esta denominación.
Fuentes financieras del sector público indicaron a Banca y Negocios que la introducción del Petro será progresiva, pero definitiva en 2020. La meta es que alrededor de 6 millones de personas se conviertan en usuarios permanentes del token -el núcleo de la expansión- y que la red de comercios que permiten pagos en esta denominación duplique la cifra actual de casi 5.000 establecimientos.
La intención es superar los obstáculos que, a juicio del gobierno son, básicamente, dos: la dificultad de la población potencialmente beneficiaria para usar la tecnología y las debilidades de la infraestructura de telecomunicaciones en el país, ya que los sistemas transaccionales del Petro están montandos sobre Internet.
Hasta ahora, reconocen las fuentes consultadas, los problemas para activar el pago del «Petroaguinaldo», equivalente a 30 dólares, y la imposibilidad de convertirlos de manera rápida y eficaz en bolívares están dejando atrás las expectativas y se teme que la experiencia puede resultar contraproducente para generar confianza en el Petro como moneda de curso legal.
Habrá una campaña focalizada en los jubilados y pensionados, un sector especialmente complejo por su generalizada falta de «cultura tecnológica». Las plataformas diseñadas tratan de facilitar los procesos, pero el objetivo de que sean suficientemente amigables parece estar lejano, todavía.
Otro paso fundamental es la incorporación de la banca privada al ecosistema Petro, un tema que se pondrá sobre la mesa en 2020, pero los informantes señalan que creen que no será un proceso especialmente difícil. La adecuación de la tecnología es el reto. Sin embargo, este proceso requerirá de una negociación que tiene aristas complicadas.
Hasta ahora, la banca cumple la regulación que la obliga a expresar la información de sus clientes también en Petros. Igualmente, las personas naturales y jurídicas también están obligadas a reportar su información contable en el token estatal; sin dudas, estas son medidas que han tratado de crear las condiciones para la gran reforma monetaria que el gobierno de Maduro intentará durante el año que está por llegar.
La idea que subyace en esta estrategia es evitar que los ciudadanos usen el dólar estadounidense de manera masiva, como está ocurriendo de manera progresiva, a través de una sustitución del bolívar por una moneda cuyo control transaccionales está en manos del gobierno.
El Petro tiene una emisión fija de 100 millones de tokens, 51% de los cuales están en poder del Ejecutivo nacional y, además, la infraestructura de transacción está montada sobre una plataforma estatal, por lo que la capacidad de emitir y controlar las operaciones es casi absoluta.
El Petro no es una criptomoneda, sino una suerte de «signo monetario digital híbrido», cuyo objetivo es funcionar como una denominación convertible que, en teoría, funcione como un mecanismo que puede ser sustitutivo o alternativo de la dolarización informal que vive la economía y que la administración Maduro acepta como un hecho cumplido y hasta positivo.
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