El desorden financiero y monetario, en buena medida agudizado por el impacto de las sanciones estadounidenses contra el gobierno de Nicolás Maduro, ha redundado en una muy severa reducción del gasto público, apenas limitado a la disposición de un pequeño ingreso petrolero y una tributación interna en declive, que ha sido determinante para explicar por qué la recesión económica no ha cedido, ni puede ceder en el corto plazo.
A la par de esta situación, el Banco Central de Venezuela (BCV) ha implantado una política monetaria muy restrictiva que ha socavado el crédito bancario y ha dejado a las empresas prácticamente sin acceso al capital de trabajo necesario para mantenerse a flote.
Actualmente, la banca no está liquidando créditos comerciales, que representan casi 70% de la cartera total, por la aplicación de un mecanismo de indexación a la variación del tipo de cambio oficial, y las evaluaciones sobre la potencial rentabilidad de estos créditos dan escenarios claramente negativos para el sistema financiero.
Muy probablemente, el gobierno tenga en el futuro menos capacidad para incidir en variables como inflación y tipo de cambio, porque, hasta donde hemos podido conocer, el efecto de las sanciones de Estados Unidos es cada vez más pesado, difícil de evadir y con altas probabilidades de permanecer; a tal punto que hemos conocido que algunas empresas han cobrado contratos de suministro con el Estado, a través del pago con lingotes de oro, ya que no existe la liquidez en divisas.
Es muy difícil estimar con claridad cuál es la posición real de caja del gobierno, en parte porque no existe un cuerpo presupuestario accesible y conocido; sin embargo, diversos estudios ubican el ingreso consolidado del Ejecutivo en alrededor de 13.500 millones de dólares para este año, una cifra que podría reducirse o elevarse en forma muy limitada si continúa el marco de sanciones, sobre todo a las ventas de hidrocarburos, en 2020.
En consecuencia, hablar, como algunos lo hacen, de que las expectativas pueden cambiar y que se observan signos de relativa mejoría económica, nos parece de encomiable optimismo, pero no muy riguroso. Lo que estamos observando en algunos sectores, como el agrícola, son procesos limitados de inversión de muy alto riesgo para sostener mercados deprimidos de consumo básico.
Lo importante es que estas iniciativas se hacen sin respaldo del Estado, porque el gobierno ya no cuenta con la capacidad financiera, de manera que pueden marcar un camino que incida en una transformación del sector productivo privado hacia una etapa de mayor independencia de la renta generada por el sector público.
Sin embargo, el sector privado está realizando un gran esfuerzo en tratar de revertir los duros tiempos de los últimos cinco años y cuyas iniciativas esperamos puedan contar con las transformaciones indispensables que garanticen confianza, certidumbre, funcionamiento institucional de los reguladores, respeto a los derechos económicos, acceso al financiamiento, libertad comercial y cambiaria que permitan a las empresas planificar inversiones de mayor volumen y con perspectivas de largo plazo.
Si esos cambios jurídicos, regulatorios e institucionales no se producen, definitivamente no se puede hablar de una recuperación sostenible de la economía venezolana en el corto plazo.
En el Informe Privado de Aristimuño Herrera & Asociados de esta semana se analiza la estrategia económica del gobierno de Nicolás Maduro y cómo, casi por omisión, se están creando las condiciones para un cambio cultural en el sector productivo; no obstante, con las expectativas puestas en su lugar. La recuperación aún no se ve clara.
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