Argentina ratificó este sábado su oferta a acreedores para el canje de bonos por unos 66 millones de dólares y se mostró dispuesto a realizar ajustes contractuales para favorecer su aceptación, expresó este sábado el gobierno en un comunicado.
«La propuesta del 6 de julio es la oferta definitiva de la república a sus acreedodres y representa el máximo y último esfuerzo que el país puede sostener», puntualizó en un comunicado el Ministerio de Economía.
Sin embargo «contribuirá a la elaboración de instrumentos contractuales que mejoren el éxito de las iniciativas de reestructuración de deuda cuando los deudores tengan apoyo significativo de los acreedores».
Se refirió en ese sentido a «ajustes a los modelos de contrato elaborados por el International Capital Markets Association que fueron adoptados por Argentina en 2016», aunque sin brindar mayores detalles.
El lunes pasado tres grupos de acreedores -Exchange Bondholder, Ad Hoc y Argentina Creditor Committee- rechazaron la oferta que tiene plazo hasta el 4 de agosto.
Los tres aseguran representar a un tercio de los titulares de bonos argentinos sujetos al canje, lo que les confiere poder de bloqueo, según expertos.
El 6 de julio Argentina enmendó la oferta inicial lo que «mejoró el valor de los títulos de deuda modificados y abordó varias cuestiones de documentación planteadas por los acreedores».
La actual propuesta de Argentina ofrece pagar un promedio de 53,5 dólares por cada 100 dólares prestados, frente a la anterior oferta que daba 39 dólares por cada 100 y que fue rechazada en mayo.
El periodo de gracia sin pagos quedó reducido de tres años a uno y Argentina comenzaría a pagar vencimientos en septiembre de 2021.
El gobierno de Alberto Fernández «alienta a la comunidad de acreedores a aceptarla, sabiendo que de no ser así toda la negociación futura será más compleja porque más difícil será la situación que enfrente Argentina», señaló el comunicado.
Los acreedores presentaron una contrapropuesta que «pide términos financieros aún más generosos y ajustes adicionales a términos contractuales», como el pago de honorarios y gastos de sus asesores, detalló el ministerio de Economía.
«Aquellos aspectos de la contrapropuesta que buscan imponer cargas adicionales a una economía que se está ahogando en plena crisis del Covid-19 (…) no pueden ser acomodados», agregó.
La deuda pública argentina es de unos 324.000 millones de dólares, casi el 90% del PIB.
Aún debe afrontar la deuda emitida bajo legislación local y contraída con organismos internacionales.
Argentina está en recesión desde 2018 y tiene a más de un tercio de su población de 44 millones de habitantes en la pobreza.
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