Cuerpos de seguridad e investigación cumplen procedimientos de aprehensión y allanamiento en torno a investigaciones de corrupción descubiertas en el sector petrolero, indicó el fiscal general de la República designado por la Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab.
Durante una entrevista en el programa Punto de Encuentro, que transmite Venezolana de Televisión, refirió que los nuevos casos se suman a otras seis investigaciones desarrolladas en torno a acciones contra la productividad de Petróleos de Venezuela (Pdvsa).
Entre los casos se encuentra el desfalco por 35 millones de dólares en la Faja Petrolífera del Orinoco, vía contratos con sobrefacturación.
“A mis manos llegó una auditoría según la cual el anterior director de la faja otorgó a dedo 41 mil contratos a empresas de maletín. Comenzamos a meterle el ojo de lleno y pudimos observar que estaban comprometidas unas 17 corporaciones”, dijo.
Refirió que en ese caso eran suscritos contratos con sobrevaloraciones de hasta 200%, por lo cual van 50 privados de libertad en la sede de la Dirección General de Contratainteligencia Militar. De esa cantidad, 12 poseían altos mandos dentro de la estatal
Saab indicó que el martes fue presentado ante un tribunal el actor Manuel Sosa, quien estuviera implicado por el desfalco a la Faja Petrolífera, a través de dos empresas con las que realizó la subcontratación de impresoras por 2 millones de dólares.
“Hay gente defendiendo a esos grandes estafadores y corruptos, les hemos arrebatado la bandera a los extorsionadores”, expresó el fiscal, quien refirió que los procedimientos son parte de la lucha contra la corrupción impulsada por el Gobierno.
Además del desfalco de la faja, la Fiscalía ha revelado el otorgamiento de contratos con sobreprecio en las empresas mixtas Petrozamora y Petropiar, así como en la filial Bariven y en la división Oriente de Petróleos de Venezuela (Pdvsa).
También, se descubrió una red de extorsión que operaba desde la división de Pdvsa en Yagua, estado Carabobo, y la solicitud de préstamos en condiciones desventajosas a través de Citgo, sin aval del Estado venezolano.
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