Las fuerzas políticas de Venezuela que se oponen al Gobierno de Nicolás Maduro advirtieron hoy de las posibles consecuencias negativas que tendrá el llamado programa de “recuperación y prosperidad económica” con que el Ejecutivo busca sacar al país de la crisis.
“Hoy nos alzamos en contra del paquetazo, el paquetazo de Maduro que a todas luces es un fracaso, que ya hoy se comienzan a ver todas sus consecuencias”, dijo el diputado Juan Andrés Mejía durante una concentración en el este de Caracas a la que acudió cerca de un centenar de personas.
El también coordinador del partido Voluntad Popular, fundado por el privado de libertad Leopoldo López, aseguró que desde el Frente Amplio, que agrupa organizaciones de todo tipo, realizarán congresos en los 23 estados del país “para llevar la propuesta unitaria de lucha en contra del paquetazo”.
“La unidad es un requisito indispensable para salir de esta crisis (…) nuestra principal meta es presentarle al país una sola ruta, la certeza de que cuando el cambio llegue aquí va a haber un solo camino”, dijo.
Mejía señaló que la inflación nacional, que según cálculos del Fondo Monetario Internacional (FMI) cerrará el año en 1.000.000%, “se empieza a comer” el aumento salarial decretado por el Ejecutivo que multiplicó por 35 el ingreso mínimo legal.
Además, el legislador remarcó que otras medidas del Gobierno como la fijación de precios, la devaluación de 95,8% en la moneda, el alza de impuestos, el aumento de las tarifas de transporte y los controles económicos en general no resolverán la profunda crisis que vive el país petrolero desde hace años.
“Vuelven a perseguir a la empresa privada (…) intentan por la vía de la fuerza a regular una economía”, agregó en alusión a la advertencia que hizo el jefe de Estado de encarcelar a quienes no acaten las decisiones que ha tomado enmarcadas en su plan.
Mientras tanto, las autoridades del país informaron que han detenido al menos a 200 personas y sancionado unos 500 comercios esta semana por delitos como remarcaje de precios, especulación, acaparamiento y boicot de la economía.
La Superintendencia Nacional para la Defensa para los Derechos Socioeconómicos (Sundde) explicó en un comunicado que sus funcionarios han inspeccionado más de 2.000 establecimientos en los últimos cinco días para “supervisar que sean acatadas las medidas establecidas por los distintos órganos que regulan en materia económica en el país”.
Hasta ahora, según datos de la Sundde, “más de 500 comercios han sido multados con diferentes cantidades” y “se han recibido más de 50.000 denuncias de la ciudadanía, reportando irregularidades en los métodos de pago, en los precios de los productos y alteraciones”.
El Ejecutivo puso en marcha esta semana una reconversión que le quitó cinco ceros a la moneda en tanto que comenzó a circular una nueva familia de billetes con denominaciones más ajustadas a la hiperinflación.
Además, el equipo económico del Gobierno fijó el martes los precios de 25 alimentos, generalmente escasos, y Maduro pidió encarcelar a quienes no acaten estas directrices, algunas de las cuales no fueron consultadas con los productores según la principal patronal del país, Fedecámaras.
Los titulares de carteras económicas y financieras sostuvieron hoy nuevas reuniones con otros empresarios de otros sectores con los que esperan acordar precios de ítems como los medicamentos, autopartes, ropa, calzado y productos de aseo personal.
Entretanto, el gobernante Partido Socialista Unido (PSUV) dijo hoy que durante los próximos 90 días se mantendrá en “congreso permanente para ir incorporando aportes al programa” económico del Ejecutivo.
Esta información la ofreció el dirigente chavista Diosdado Cabello quien acusó hoy a países vecinos de usar la masiva migración de venezolanos para promover una campaña contra Maduro.
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