La Asamblea Nacional Constituyente (ANC), integrada en su totalidad por oficialistas, aprobó por unanimidad la Ley de Creación del Consorcio Agroalimentario del Sur (Agrosur) presentada en septiembre pasado por el presidente Nicolás Maduro.
“Con esta ley iniciamos entonces una ofensa productiva constituyente a favor de la protección del pueblo de Venezuela. Se han aglutinado acá todas las fuerzas agroproductivas y productivas de nuestro país” contra la guerra económica, expresó la presidenta de la ANC, Delcy Rodríguez, en la sesión transmitida por ANCTV.
Rodríguez indicó que en adelante se establecerá un cronograma de reuniones con los distintos sectores implicados en esta ley “para que frente a esta Asamblea Nacional Constituyente se comprometan al respeto y cumplimiento de lo que aquí se ha aprobado”.
En la plenaria también participó el vicepresidente para el Área Económica, Wilmar Castro Soteldo, quien explicó que el Consorcio Agrosur agrupará todas las empresas del sector alimentario del país, para fortalecer este sector, y con ello consolidar el aparato productivo.
“Uno de los fines del concepto de conglomerado, que lleva por nombre Agrosur, es procurar la articulación a lo interno y a lo externo del circuito agroalimentario y agroproductivo. Creo que el espíritu de esta ley, que ustedes van a construir, no es otro que de reordenamiento, articulación y armonización de todos los actores del sector agroalimentario público, comunal o privado”, dijo.
Destacó que esta instancia debe facilitar la conexión y culminación de los circuitos y ciclos productivos, además de permitir a los pequeño productores tener mayor acceso a los equipos e insumos para la producción en el campo.
“Es fundamental para el combate y derrota de la guerra económica y la construcción del modelo productivo”, dijo el presidente de la Comisión de Economía Productiva y Diversificada de la ANC, constituyente Eduardo Piñate.
Indicó que en esta ley se ha establecido, entre sus objetivos, la integración de todas las fuerzas del área agroalimentaria, “y por la vía de la integración y concentración de esa fuerza de todos los sectores agroalimentarios se potenciará las capacidades productivas en función de uno de los objetivos que están planteados en la Constitución: la soberanía alimentaria”.
En la plenaria, otro de los planteamientos para blindar esta ley, fue el de incluir a la contraloría social. En este sentido, la constituyente integrante de la Comisión de Economía Productiva y Diversificada, Lucy Galindo, consideró que es importante “la controlaría social como una suma y parte más de este Ley”.
El vicepresidente de la Comisión de Economía Productiva y Diversificada, Orlando Camacho, valoró el carácter incluyente de esta ley, ya que facilita el trabajo en conjunto entre el sector público y privado.
“Esta experiencia incluye al pequeño productor, al artesano, la pequeña industria, los conglomerados, los Clap y empresarios venezolanos. Felicitamos esta iniciativa que es incluyente y que nos permite potencializar todas las capacidades y unirlas para poder lograr objetivos comunes como financiamiento y acceso a materias prima”, expresó.
Otros de los puntos que se plantearon en el debate fue la inclusión de los campesinos en la toma de decisiones dentro del Consorcio Agrosur. El constituyente Gerardo Rivas exhortó a incorporar a “un campesino, una asociación campesina que esté aquí en la contraloría y que tenga decisiones”.
El primer vicepresidente ANC, Aristóbulo Istúriz, dijo que con la creación del Consorcio Agrosur se busca unificar las fuerzas productivas, partiendo de que Venezuela cuenta con 76 empresas destinadas a la producción agropecuaria, 186 predios dirigidos por el Estado, y 2,5 millones de hectáreas entregadas a los campesinos.
“Tenemos los productores, tenemos las tierras, tenemos la planificación, nos hace falta unir todos los recursos que tengamos, ponerle una sola cabeza a esos recursos, darle una sola direccionalidad, que responda a un sólo plan, y eso requiere liderazgo, coordinación y que el propio Presidente se ponga a la cabeza”, dijo.
Esta es la primera ley que aprueba la Constituyente, que por esta vía se salta las potestades de la Asamblea Nacional de mayoría opositora.
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