La estrategia de ajuste que establece el Plan País, definido por la oposición como plataforma programática de un eventual gobierno de transición, establece un salario mínimo equivalente a 60 dólares en el corto plazo, con la idea de llegar a $120, con un plan de soporte para bajar la inflación y estabilizar la economía.
Para el diputado y economista, Ángel Alvarado, esta medida es necesaria para rescatar la capacidad de consumo de la población hoy reducida a niveles no vistos en medio siglo, por lo menos.
Alvarado es el coordinador político del área macroeconómica del Plan País, cuya elaboración ya fue concluida y ahora será presentado a lo largo y ancho del país. La estrategia supone medidas para rescatar la producción de alimentos, la infraestructura colapsada, recuperar la inversión privada y restablecer servicios eficientes de salud y educación, en varias etapas.
La dolarización del salario es el único eslabón práctico que falta para redondear la muerte técnica del bolívar como medio de pago en la economía venezolana. Si en algo coinciden el movimiento sindical organizado y las demás agrupaciones laborales -como las cooperativas de transporte-, es la urgente necesidad de que la dolarización llegue completamente al otro componente de la cadena de valor del mercado, el salario, ya que tiene tiempo instalado en los precios.
Fuentes de gremios profesionales señalan que los salarios en bolívares son inviables y las compensaciones en divisas son cada vez más insuficientes. Como más de 90% del parque empresarial que sobrevive en el país está compuesto por Pymes, los bonos en divisas con dificultad superan los 500 dólares mensuales, en promedio.
Según cálculos de la consultora Aristimuño Herrera & Asociados, al mes de octubre, el poder de compra de 100 dólares en el mismo mes de 2018 se había reducido a 26 dólares en 2019.
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